Ximo Puig carga contra Sánchez por romper el acuerdo del Tajo-Segura: «Es inaceptable»

«Es absolutamente inaceptable. Va en dirección contraria a lo que es un planteamiento de transición que facilite agua para siempre», ha indicado Puig, que presentará alegaciones al proyecto de Real Decreto que afecta a diversos planes hidrológicos.

En ese sentido, ha enviado un escrito a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, solicitándole que le conceda audiencia para conocer «de primera mano» la redacción final de ese documento que ha llegado al órgano consultivo. Este deberá emitir el preceptivo dictamen antes de remitirlo al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

El proyecto normativo al que se dio luz verde en la reunión del Consejo Nacional del Agua del 29 de noviembre incluía un punto acordado con la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia para que en 2025 se decida si se elevan los caudales ecológicos una vez se acometan obras de modernización y mejore la depuración de aguas vertidas desde Madrid. Ahora, esa cláusula, que se topó con la oposición del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García-Page, ha desaparecido del texto.

La disposición adicional novena, afirman en un comunicado desde el Gobierno valenciano, resulta «esencial», por lo que cualquier modificación o supresión que figure en ese último borrador «encontrará el más firme rechazo por parte del Consell». «En caso de incumplimiento, la Generalitat emprenderá todas las acciones que estén a su alcance para defender la continuidad del trasvase Tajo-Segura y apoyar así las justas demandas de los regantes alicantinos», apunta el escrito remitido a los medios.

Ximo Puig ha rechazado este «cambio de posición» pese a que «se llegó a un acuerdo que era razonable». «Exigíamos que en 2025 se pudiera actualizar la decisión en función del estado del Tajo», ha aseverado. «No tiene nada que ver con ningún tipo de patrioterismo del agua ni enfrentamiento del agua. Se trata de hacer las cosas racionalmente», ha incidido, «sin atentar frente a ningún derecho de nadie».

Pero no es el único agravio al que se enfrentan los agricultores de la zona en la actual coyuntura económica. Puig también ha expresado su «rechazo frontal» a la decisión de la empresa pública Acuamed -y por tanto del Ministerio de Transición Ecológica- de anular la subvención estatal al agua de la desalinizadora de Torrevieja en 2023.

De los 0,45 euros venían pagando los regantes, ahora el metro cúbico pasará a costar el triple: 1,30 euros. Un movimiento del departamento que dirige Teresa Ribera que choca con su planteamiento de la desalación como alternativa a los trasvases. «Exigimos una rectificación» y «que se ayude a los agricultores para poder mantener sus explotaciones», estabilizando el precio del agua y facilitando que «los miles de puestos de trabajo se puedan mantener», ha señalado el presidente autonómico.