El Gobierno confirma el recorte definitivo al trasvase Tajo-Segura y triplica el precio del agua desalada

La comunicación oficial a las Comunidades Autónomas no incluye la disposición adicional introducida por los presidentes valenciano y murciano para condicionar las restricciones más temidas por los regantes a la evolución del Tajo en Aranjuez, y ahora al Plan de Cuenca solo le resta su paso por el Consejo de Estado antes de consumarse en el Consejo de Ministros.

Esa exclusión de una cláusula para que en 2025 se decida si se elevan los caudales ecológicos una vez se acometan obras de modernización y mejore la depuración de aguas vertidas desde la ciudad de Madrid se produce tras la presión del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Al mismo tiempo, la empresa pública Acuamed ha anunciado ya que en 2023 no se aplicará la subvención estatal al agua de la desalinizadora de Torrevieja, hasta ahora a 0,45 euros el metro cúbico y que pasará a costar a los regantes 1,30, tres veces más y un gasto inasumible para los agricultores, tal como han denuncia en reiteradas ocasiones.

Ha expirado el decreto de sequía que permitía aliviar la factura a los agricultores y desde el Ejecutivo central se ha decidido no prorrogar esas ayudas, cuando precisamente la desalación se presenta desde el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, como la alternativa fundamental a los trasvases.

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reaccionado a estas novedades afirmando que «el dúo Sánchez-Puig está recortando el trasvase Tajo-Segura de manera injustificada y permanente y casi ya sin solución».

Tal como se ha posicionado desde que el Gobierno dio a entender que no iba a tener en cuenta el documento del Plan del Tajo en el Consejo Nacional del Agua, órgano consultivo no vinculante, el líder de los populares valencianos ha abundado en la motivación política e ideológica del Ministerio. «No tiene ningún sentido lo que está haciendo el PSOE con el agua: está recortando sin datos ni estudios que lo justifiquen y ya no es que nos vayamos a quedar prácticamente sin agua para riego, sino que nos van a subir el precio del agua potable a muchos municipios de la Comunitat Valenciana, especialmente en la provincia de Alicante», ha explicado Mazón.

Los regantes también han alertado en varias ocasiones de que estos incrementos del coste del agua no solo afectan al campo, sino que repercutirá también en el recibo para miles de habitantes en sus hogares, al depender del suministro también de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

El presidente del PPCV ha señalado que con los recortes al trasvase «van a bajar las posibilidades de usar el agua para la huerta de Europa y lo grave no solamente es que Puig se calle o que se abstenga cuando vienen los recortes, es que se nos quiera vender como un acuerdo lo que es un engaño sin justificación, simplemente por seguir una consigna de partido que está haciendo un daño irreparable a la Comunitat Valenciana y que desde el PPCV no podemos tolerar», ha señalado.

Mazón ha acusado al PSOE de «dar el hachazo definitivo al trasvase Tajo-Segura». «Es inadmisible, indignante, es pura ideología política, sectarismo y falta de rigor. Y hay que decirlo alto y claro: Sánchez nos niega el agua y Puig está intentando engañar a los ciudadanos con acuerdos que no son reales y que lo que hacen es dejar sin agua a la Comunitat Valenciana».

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que el Gobierno valenciano tomará las medidas que se encuentren a su «alcance» en el caso de que el Ministerio de Transición Ecológica incumpla el acuerdo del Consejo del Agua en el decreto del Plan del Tajo.

Así lo ha indicado Puig este lunes, en declaraciones a los medios, tras las informaciones que apuntan a que el borrador que aprobará el Consejo de Ministros no incluye la cláusula que se había pactado en este organismo y que, según el 'president', «dice que en el año 2025 se evaluará la situación y se tomarán en consecuencia las medidas oportunas».

Puig ha indicado que «sea cual sea la decisión» del Consejo de Ministros, «los acuerdos hay que respetarlos» y ha insistido en que la Generalitat «está en la posición del acuerdo». «No estamos en guerra contra nadie, estamos sumando para generar igualdad y equidad en España», ha agregado.

Por ello, ha insistido en que la Generalitat estará «del lado de los regantes» y les ha trasladado: «Tienen que saber que nuestra voluntad es que se cumpla el acuerdo. Si finalmente no se cumpliera, tomaríamos las medidas que tengamos a nuestro alcance«.