Las víctimas del incendio de Valencia empiezan a recibir las ayudas económicas de la Generalitat

Así, lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en su intervención en la sesión de control de las Cortes Valencianas, que se ha centrado en la respuesta a las emergencias y las ayudas por los incendios cuando se cumple una semana de la tragedia, en la que fallecieron diez personas y un centenar de familias se quedaron sin vivienda.

En ese sentido, ha adelantado que este misma mañana, «en tiempo récord», las primeras víctimas «se han encontrado ya en su cuenta corriente las primeras ayudas de emergencia urgente» y ha destacado que «esa eficiencia» será con la que seguirán trabajando.

El Gobierno valenciano aprobó el pasado lunes un primer paquete de ayudas a los afectados del incendio de Campanar por un valor total cercano a los cuatro millones de euros: 1,38 millones para gastos de primera necesidad y otros 2,48 millones para ayudas al alquiler.

Al respecto, ha explicado para percibir estas ayudas de emergencia las personas beneficiarias deberán reunir la única condición de residentes con carácter habitual y permanente en la vivienda siniestrada por cualquier título jurídico válidamente admitido en derecho en el momento de producirse el incendio.

En ese sentido, ha destacado que el Ayuntamiento está haciendo «un trabajo récord en certificar con seguridad jurídica, pero a la vez con rapidez y con eficiencia, que eso pueda ser así» y ha recalcado que el trámite es de ventanilla única puesto en marcha es «fundamental».

Del mismo modo, ha recordado que se concederán ayudas para el alquiler a los afectados que será igual al precio del arrendamiento de la vivienda, con el límite de 1.000 euros mensuales. Este límite se podrá incrementar hasta un máximo de 1.500 euros mensuales, a razón de 100 euros adicionales por cada una de las personas que, además del solicitante, vayan a residir en la vivienda que se arrienda, siempre que tuvieran su residencia habitual en la vivienda incendiada en la fecha del incendio. En ese caso, las ayudas tendrán una duración máxima de un año para propietarios de la vivienda afectada y de tres meses para los inquilinos.

Del mismo modo, ha enumerado el resto de medidas aprobadas en el decreto como establecer un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 0% para los que quieran comprar una nueva casa, atención psicológica, una exención definitiva de las dos últimas anualidades del cánon de saneamiento, la reubicación preferente en residencias y centros de día de las personas dependientes; los niños tendrán escolarización preferente si las familias cambian de residencia o transporte público gratuito durante un año.

Mazón se ha mostrado seguro de que, además de las administraciones locales y regionales, «entre todos» encontrarán la vía para «poder buscar que se completen con algún otro tipo de ayudas que también serán necesarias, algunas seguro que de tipo fiscal». «De verdad creo que estamos en el buen camino, al menos desde las administraciones, aunque algunos desgraciadamente ya no lo van a retomar y nosotros no nos vamos a olvidar», ha apostillado.

En paralelo, un total de 70 viviendas del edificio municipal habilitado por el Ayuntamiento de Valencia para acoger a las familias afectadas ya están ocupadas por 131 personas adultas y 38 menores, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Los afectados comenzaron a trasladarse a este inmueble del distrito de Patraix el pasado lunes -una finca que adquirió recientemente el consistorio por derecho de tanteo para destinarlo a alquiler asequible-, una vez concluidos los trabajos de adecuación de los pisos que han llevado a cabo una treintena de trabajadores de la Concejalía de Vivienda y Urbanismo que, desde el pasado viernes por la tarde y durante todo el fin de semana, han trabajado voluntariamente para dotar a estos hogares de los servicios de luz y agua.

El personal de esta Concejalía se suma a otros centenares de trabajadores municipales que se han movilizado para atender las necesidades surgidas con motivo del incendio que arrasó el pasado jueves el complejo residencial de la calle Maestro Rodrigo de Campanar.

En total asciende casi a 700 la cifra de empleados públicos que han permanecido activos desde el siniestro. Así, 300 bomberos trabajaron tanto en la extinción del fuego como en el salvamento y rescate de las víctimas, 255 policías locales prestaron 996 servicios, y 16 psicólogos y psicólogas, 21 técnicos medios y cinco responsables municipales de Servicios Sociales proporcionaron, desde el primer momento, atención psicosocial a las víctimas. Otros servicio municipales movilizado ante la emergencia fueron, por ejemplo, el de Recursos Humanos y Técnicos que destinó 38 personas a diversas tareas, y el de Comunicación.