«Valentín pidió agua, socorro y murió detenido»: investigan la muerte de un joven discapacitado en un calabozo de la Guardia Civil

Hay una investigación en curso con denuncia preparada por dos expertos de renombre, Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás, decana y secretario del Colegio Profesional de Criminología de Madrid, respectivament, porque los progenitores de la víctima consideran que en Jávea (Alicante) hubo «negligencia» durante la custodia por este arresto, y responsabilizan de forma más amplia, aparte de a los agentes que intervinieron de la Policía Local y la Benemérita, a la Sanidad pública por haberle administrado el medicamento sin control y a la Generalitat Valenciana porque hace años que les habían negado el internamiento para su tratamiento.

«Estamos devastados, consternados, no sé cuál es la palabra», confiesa Daniel Ropero, quien se apoya como «creyente» para encontrar fuerza moral, mientras ve a su pareja, Ana Comas, «destruida» por completo sin ese apoyo de la fe católica y «llorando» mientras le escucha narra su horrible experiencia a ABC y otros medios.

Aquella última tarde con vida, «salió de casa y se despidió muy bien de su madre, diciéndole que volvía en un rato». Pero por desgracia se había metido en un lío. «Todo el mundo lo conocía, tenía reconocido un 66% de discapacidad y grado de dependencia uno, con algunos problemas, y era víctima y carne de cañón de algunas mafias por la zona, que le usaban como correveidile, para traer y llevar cosas», describe Daniel. «Nunca pudimos controlarle del todo».

En este caso, se presentó en un hotel y dijo que tenía que entregar algo a una persona, pero la chica que había detrás del mostrador se asustó y dio la alerta. «La Policía Local le hace acta de denuncia porque le encuentran tres bolsitas de nylon con un polvo blanco dentro; hay un pequeño forcejeo porque no quería que le quitaran eso porque decía que peligraba su vida, pero el problema es que lo llevan a un centro de salud y le dan un tranquilizante», continúa su estremecedora crónica el padre, a partir de la información que les ha llegado de las circunstancias del arresto.

«Sin análisis previo, le dan un tranquilizante, eso fue un choque de trenes con lo que él llevaba, en lugar de llevarlo a un hospital o avisar a los padres», se lamenta, al rememorar aquellas seis horas que pasó de madrugada en un cautiverio que resultó letal, con desenlace de parada cardiorrespiratoria. «Siete horas después de su muerte, vienen a buscar a su madre con una ambulancia, porque ya saben cómo va a reaccionar», narra Daniel. Al producirse el fallecimiento en dependencias de la Guardia Civil, no les devuelven el cadáver hasta cinco días después –con fin de semana por medio– y «ya está maquillado y preparado con claros y visibles golpes en la cabeza, abultamientos, que aseguran se causó él mismo porque sufrió convulsiones y se golpeaba con los barrotes». No obstante, los padres no sospechan de que sufriera maltrato. «La autopsia deja alguna duda, las imágenes de las cámaras no están completas, son circunstancias complejas», precisa.

Antes de llegar a eso, «durante doce años se nos negó el ingreso en un centro psiquiátrico o de contención a pesar de autos de jueces y juezas ordenando que lo ingresaran por su propia seguridad y la de los demás, aunque fuera en contra de su voluntad, pero en realidad él sí accedía, se quería curar y nunca lo pudo lograr, nos decían que no había plazas, sólo si pagábamos 6.000 euros al mes», señala Daniel, que aclara que no es su padre biológico (quien «se desentendió») aunque él lo había criado desde los cinco años. Para colmo de sinsentidos, «tenía derecho a una prestación de 300 o 400 euros y nunca le han dado ni un euro; lo conocían hasta en la Policía Local y le preguntaban 'Valentín, ¿cómo vas, necesitas algo?, y él les pedía trabajo a los agentes».

Acerca de su motivación para pleitear, tienen claro que quieren «cuestionar» a todos los implicados directa o indirectamente, en esas cuatro instancias administrativas: «No es tema de dinero, de buscas una indemnización, que se la darán a su madre en un proceso que alargarán cinco o seis años, todo lo que puedan, se trata de que no repitan casos así: un joven que muere porque le encuentran unas bolsitas».