La Fiscalía defiende la absolución de Mónica Oltra al no ver delito en su gestión de los abusos a una menor

«Los hechos relatados -que repasa en un escrito de veinte páginas- no son constitutivos de infracción criminal alguna», señala el fiscal en una resolución fechada el 2 de junio, pero notificada este jueves y consultada por ABC. «Siendo así, no proceden pronunciamientos relativos a participación, circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, penas o responsabilidades civiles», agrega. La decisión ha sido avanzada por Las Provincias.

No obstante, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia debe ahora abrir juicio oral y sentar en el banquillo a Oltra -que dimitió en 2022 y ahora ejerce como abogada- y a otras catorce personas ante los escritos presentados por el resto de acusaciones, una particular -la víctima- y dos populares, Vox y la asociación Gobierna-Te de Cristina Seguí.

La que fue dirigente de Compromís era en el momento de los hechos, entre 2016 y 2017, la máxima responsable de la política de menores y estaba casada con el agresor. Luis Ramírez, monitor en la residencia en la que vivía la víctima, cumple condena en prisión.

El pasado mes de mayo, la Audiencia de Valencia excluyó del procedimiento a una de las imputadas y confirmó el procesamiento del resto de investigados, dos trabajadoras de la residencia concertada en la que se produjeron los hechos, ex altos cargos y funcionarios de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Fue la misma sección cuarta del órgano provincial quien ordenó reabrir la causa -en junio de 2024- en contra del criterio del fiscal y del juez instructor.

La víctima, representada por el abogado y líder de España 2000, José Luis Roberto, solicita tres años y medio de cárcel y doce de inhabilitación para la exvicepresidenta. Vox, que también ejerce la acción popular, suma dos años más a esa última cifra; mientras que Gobierna-te pide seis años de prisión y diez de inhabilitación absoluta, lo que no permitiría a Oltra ejercer un cargo público o presentarse a las elecciones en ese tiempo.

Se les imputan, entre otros, los presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación administrativa, malversación y encubrimiento.

El relato sobre ese presunto encubrimiento se remonta a 2017. El 20 de febrero de ese año, la menor de 14 años reveló los abusos -que venía padeciendo desde meses atrás- a personas de su confianza en el centro de acogida en el que residía. No dieron credibilidad a su testimonio tras elaborar un informe interno, por lo que tampoco se interpuso denuncia ni se hizo constar en el expediente que la Fiscalía tenía de la joven. En junio, la víctima recurrió a dos policías que se personaron en la residencia por otro motivo y los agentes dieron traslado al Ministerio Público, que empezó a requerir información a la Conselleria sobre lo ocurrido.

Pese a que convivía con el agresor, Mónica Oltra siempre ha defendido que conoció los abusos cuando recibió la notificación de la orden de alejamiento en su casa el 4 de agosto. Es decir, por su condición personal y no por su cargo. Cuatro días después, con el caso ya judicializado, Igualdad abrió un expediente informativo reservado sobre lo ocurrido, «a fin de constatar, en su caso, la veracidad de los hechos».

Aunque todos los imputados niegan haber recibido órdenes para ocultar lo ocurrido y las comunicaciones analizadas entre ellos tampoco han dado señales de ello, la Audiencia de Valencia entiende que «puede sostenerse como hipótesis plausible» que, cuando la noticia de los abusos llegó a la Conselleria, se pretendió ocultarla y, más tarde, se intentó desacreditar el testimonio «o influir negativamente en el ánimo acusador de la menor, una vez ya se había iniciado el procedimiento judicial».