El Supremo tumba un recurso de la Generalitat contra los recortes al trasvase Tajo-Segura anterior al de los caudales ecológicos

Este otro intento de dar oxígeno a los regantes por la vía judicial por parte del Gobierno de Ximo Puig iba en contra de la modificación de las normas de explotación del acueducto. Cuando se aprobó este cambio, el volumen trasvasable cada mes pasó de 38 a 27 hectómetros cúbicos aunque las reservas en los embalses de Entrepeñas y Buendía estén en Nivel 2.

En estos momentos, ese umbral de volumen hídrico acumulado en ambos pantanos está en 729 hectómetros, muy lejos de los apenas 600 que harían reducir más la cantidad de agua disponible para enviar a la huerta levantina. De hecho, la cuenca del Tajo está en estos momentos al 63% de su capacidad, por encima tanto del registro de la misma semana del año pasado (45%) como de la media de los últimos diez años (56%). Mientras tanto, los embalses del Segura están al 34%, aún peor que la media de la última década (42%).

Aunque el nivel de reservas parece ser ahora favorable a los intereses de los regantes receptores, la subida de caudales ecológicos se presenta en lo sucesivo como nuevo criterio que dejará los trasvases en la mitad, con cien hectómetros cúbicos menos al año a partir de 2027.

Aquel primer «hachazo» de las nuevas normas de explotación -ahora avaladas por el Supremo- se encajó como el inició de la amenaza de continuidad para los trasvases entre los agricultores afectados, porque además la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, empezó a hacer uso de su poder de decisión discrecional para aplicar esta reducción de 12 hectómetros, ya que hasta entonces se autorizaba el máximo caudal de forma automática.

Aunque varios meses seguidos, la comisión técnica dio luz verde a esa transferencia sin restricciones, Ribera lo ignoró y la rebajó. Ahora, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha felicitado nuevamente de la sentencia del Supremo y ha instado a «agilizar» antes de un año esas nuevas normas de explotación, pero de facto llevan desde entonces aplicándose ya.

Otra sentencia de la Audiencia Nacional también ha desestimado un recurso del Gobierno de Murcia que apuntaba en la misma dirección que el de la Generalitat Valenciana, en este caso, por un trasvase mensual puntual reducido a la mitad.