El PP confirma su petición de 11 años de cárcel para el hermano de Ximo Puig

En el escrito de acusación presentado ante al Juzgado de Instrucción Número 4º de Valencia, fechado el 3 de septiembre y que obra en poder de ABC, el Partido Popular pide la apertura de juicio oral -como ya hiciera la Abogacía de la Generalitat y la Fiscalía Anticorrupción- contra los dos empresarios a los que responsabiliza de haber obtenido indebidamente subvenciones para el fomento del valenciano/catalán en los medios de comunicación social, tanto de la Administración valenciana, como catalana.

El documento detalla que las subvenciones pudieron ser obtenidas de manera ilícita mediante una serie de prácticas fraudulentas que inflaron artificialmente los gastos para justificar importes a los que no tenían derecho. Así, Francis Puig está acusado de un presunto delito contra la Hacienda Pública, en la modalidad agravada y de fraude de subvenciones; así como de falsedad en documento mercantil.

Según el informe realizado por la Guardia Civil, las sociedades Comunicacions dels Ports, S.A. (CDP), Mas Mut Produccions, S.L. (MMP) y Canal Maestrat, S.L. (CM) recibieron ayudas tanto de la Generalitat Valenciana como de la Generalitat de Cataluña, supuestamente destinadas a la promoción de contenidos audiovisuales en lengua valenciana y catalana.

Para la acusación, la «primera y más evidente» de las fórmulas ideadas para el fraude de los querellados es la doble justificación de los gastos de las sociedades, «siendo que, además, muchos de ellos se corresponden con gastos fraudulentos». De este modo, alude que Puig y Adell podrían haber obtenido las ayudas públicas de varias administraciones por los mismos conceptos y gastos, duplicando así las cuantías conseguidas. Para ello, defiende el PP, «se valían de la presentación duplicada de las facturas tanto ante la Generalitat Valenciana como la de Cataluña, así como también de la doble imputación de las nóminas de los trabajadores».

En paralelo, sostiene que emitieron facturas cruzadas entre sociedades del mismo grupo o entre ambos, las cuales no se corresponden con trabajos reales o que, de serlo, se trata de trabajos que ya han sido subvencionados en otra mercantil. De manera que, con esta técnica, consiguieron duplicar los gastos a efectos de justificación de la subvención, según el PP.

«Además, aun cuando los trabajos hubieran sido reales, que no es el caso, el encargo a una sociedad distinta de las actividades objeto de la subvención hubiera constituido un supuesto de subcontratación, también impedido legalmente, de modo que aun en ese supuesto se confirmaría el fraude», alega el escrito.

Además, apuntan como tercer mecanismo llevado a cabo por los denunciados para aumentar los gastos y justificar las subvenciones, la múltiple utilización de contenidos. Al respecto, asevera la acusación particular que existe una «absoluta confusión» de contenidos entre los medios de comunicación de las empresas, lo que lleva a pensar de que pudiera tratarse de la reutilización en distintas empresas del mismo objeto subvencionable «para hacerlos pasar por nuevos en cada una de ellas», ya que los gastos para su creación se imputan de forma total en todas las empresas, y no parcialmente atendiendo a porcentajes. «Hay incluso contenidos en lengua castellana, pese a que el objeto de la subvención es el fomento del valenciano/catalán», subraya.

Por último, le atribuyen a los dos empresarios audiovisuales el presunto falseamiento de gastos beneficiándose de la ausencia de control, de lo que les «llama poderosamente la atención» que incluso una de las prácticas que se han detectado sea la de cargar a la Generalitat Valenciana como justificación de gasto varias veces la misma factura. Es decir, una factura del mismo número pero con distinto importe, emitida por otra empresa del grupo. «Sucede, por ejemplo, en la anualidad 2016 en la que CDP introduce como gasto hasta 4 veces la misma factura de MMP, justificando sólo con esa factura un total de 25.251 euros. Un dinero que, dicho sea de paso, ya habría sido subvencionado una vez», argumentan en el escrito presentado en el juzgado.

El juez instructor, en su auto de procesamiento descartó el delito de fraude de subvenciones, puesto que no se alcanzaba el umbral penal de 120.000 euros vigente en el momento de los hechos para cada uno de los ejercicios analizados, todos ellos enmarcados en la primera legislatura de Ximo Puig como presidente del Gobierno autonómico. Algo de lo que discrepa la acusación particular al entender que nace de «una interpretación errónea» del concepto de cuantía defraudada al integrar la norma penal con las normas del derecho de subvenciones.

Asimismo, conforme informó este diario, el Ministerio de Hacienda descartó prohibir a Comunicacions dels Ports seguir acumulando contratos públicos tras descubrir que pactó precios con otras mercantiles para conseguir hacerse con una licitación en 2020, aunque la productora sí fue multada.