La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el hermano de Ximo Puig

En un escrito fechado el 9 de julio y consultado por ABC, el Ministerio Público le acusa de un presunto delito de falsedad documental continuada en concurso medial con un delito de estafa agravada y pide la apertura de juicio oral.

Para el otro acusado, el también empresario Juan Enrique Adell Bover, pide tres años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de de estafa agravada, por cooperación necesaria.

Además, la fiscal reclama a Puig que indemnice a la Generalitat Valenciana (58.866 euros) y a la de Cataluña (51.825) por la cantidad que considera defraudada por Mas Mut -un total de 110.691,97 euros- en el periodo señalado. Del mismo modo, solicita que Adell Bover indemnice junto a Puig con 74.710, repartidos de forma proporcional, a ambas administraciones.

Sobre la actuación de Puig en Comunicacions dels Ports, la fiscal señala que «con la intención de beneficiarse económicamente obteniendo una cantidad superior a la que le hubiera correspondido, simuló gastos empresariales, utilizando facturación ficticia de empresas vinculadas, emitiendo facturas duplicadas y cruzadas, que integró con conceptos genéricos y no constan pagadas a su proveedor».

Como responsable de Mas Mut «solicitó subvenciones para esta sociedad sabiendo que era una empresa ficticia y presentó facturación con simulación de gastos, con la única finalidad de obtener subvenciones, que, posteriormente, tampoco han sido aplicadas a la finalidad para las que fueron convocadas por las administraciones».

A juicio de Anticorrupción, Adell Bover ha aportado facturas de Canal Maestrat a Mas Mut «que pueden ser consideradas no auténticas y, por tanto, que hayan sido creadas bien por él mismo o por otras personas siguiendo sus instrucciones, con la única finalidad de incrementar las cantidades obtenidas en concepto de subvención».

«Aunque otras personas pudieron haber intervenido en la autoría de la facturación cuestionada penalmente o pudiera haberse planteado la responsabilidad penal de la persona jurídica por el delito de estafa», no ha sido posible porque la investigación se cerró por un error procesal, asevera.

La causa se ha centrado en las ayudas concedidas por ambas instituciones autonómicas para la promoción del valenciano y el catalán en medios a las empresas Comunicacions dels Ports SA, Mas Mut Producción SL y Canal Maestrat.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia dictó el pasado 28 de enero auto de procedimiento abreviado, previo a la apertura de juicio oral. El PP -cuya denuncia inició las pesquisas en 2019- solicita diez años de prisión para Francis Puig. En su auto, el instructor descartó el delito de fraude de subvenciones, pues no se alcanza el umbral penal de 120.000 euros vigente en el momento de los hechos para cada uno de los ejercicios analizados, que se enmarcan en la primera legislatura de Ximo Puig como jefe del Gobierno autonómico.

Algunas de las empresas investigadas ya fueron multadas en 2020 por pactar precios en un concurso público. Entre los indicios encontrados, según el juez, se encontraron «facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios, actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo y produjo el subsiguiente enriquecimiento a favor de las sociedades administradas por los investigados».