La Generalitat Valenciana pide cuatro años de cárcel para el hermano de Ximo Puig por falsedad y estafa

En un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, fechado el 1 de agosto y al que ha tenido acceso ABC, le acusa de un presunto delito de falsedad documental continuada en concurso medial con un delito de estafa agravada y pide la apertura de juicio oral, como ya hiciera la Fiscalía Anticorrupción.

Para el otro acusado, el también empresario Juan Enrique Adell Bover, pide tres años de prisión como supuesto autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y como cooperador necesario del de estafa agravada.

La causa se ha centrado en las ayudas concedidas por ambas instituciones autonómicas para la promoción del valenciano y el catalán en medios a las empresas Comunicacions dels Ports y Mas Mut Producción, de Puig; y Canal Maestrat, de Adell Bover.

«De la instrucción llevada a cabo, fundamentalmente de los informes de la Policía Judicial y de la Intervención General de la Generalitat Valencia se desprende que se han obtenido indebida y fraudulentamente ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana al haberse detectado facturas no subvencionables, gastos no realizados, facturas que pueden considerarse como falsas, por estar duplicadas, por autofacturación, facturas cruzadas, falta de pago o porque no constan pagadas por el proveedor», señala la Abogacía. La administración autonómica está personada en el procedimiento como perjudicada.

De hecho, reclama a Puig que indemnice a la Generalitat Valenciana con 58.866,69 euros por la cantidad que considera defraudada por Mas Mut, que «debe considerarse como una empresa ficticia». Pide también una indemnización solidaria de 74.710,75 euros a ambos investigados por las facturaciones cruzadas entre sus respectivas empresas, «cantidad que será repartida, de forma proporcional entre la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya, conforme a los criterios de las bases reguladoras de sus respectivas subvenciones».

Presuntamente se simulaban actividades mediante facturas falsas o autofacturación entre empresas vinculadas; se usaban contenidos no emitidos en valenciano, genéricos o duplicados; se compensaban pagos no permitidos por la normativa de subvenciones; o se justificaban gastos ajenos a la actividad subvencionada, como vehículos particulares, merchandising o materiales inventariables.

El PP -cuya denuncia inició las pesquisas en 2019- solicita diez años de prisión para Francis Puig. En su auto de procesamiento, el juez instructor descartó el delito de fraude de subvenciones, pues no se alcanza el umbral penal de 120.000 euros vigente en el momento de los hechos para cada uno de los ejercicios analizados, que se enmarcan en la primera legislatura de Ximo Puig como jefe del Gobierno autonómico.

En paralelo, como informó este periódico, el Ministerio de Hacienda descartó prohibir a Comunicacions dels Ports seguir acumulando contratos públicos tras descubrir que pactó precios con otras mercantiles para conseguir hacerse con una licitación en 2020. La productora fue multada por ello.