La Justicia europea condena a España a indemnizar a la familia de una niña que murió por un fallo de su respirador

El Tribunal de Estrasburgo ha dado la razón a María Isabel Garrido Herrero, quien denunció a la Justicia española por no investigar de manera apropiada las causas de la muerte de su hija Marina. La menor quedó tetrapléjica en un accidente de tráfico tres años antes y fue conectada a un sistema de respiración asistida, el cual falló y le provocó entrar en coma.

En el dictamen de los jueces europeos manifiestan que la investigación de cinco años fue abandonada en 2019 al superarse el plazo otorgado para la determinación de los motivos que causaron la muerte de la menor, una vez que expiró e tiempo para determinar la responsabilidad penal.

La madre de la niña fallecida acudió a la Justicia europea para reclamar 100.000 euros y denunciar de que los tribunales españoles no habían investigado lo suficiente las causas de la muerte de su hija, que sufrió heridas irreversibles por el error del ventilador.

Tras el accidente de tráfico, la niña necesitó estar conectada a un respirador, primero en el hospital y luego en su casa. Cuando ocurrió el fallo de la máquina, la chica quedó en coma, en muerte cerebral, un estado en el que permaneció hasta el último día.

Ahora, el TEDH considera que la investigación penal fue «excesivamente larga» y dice que, en lugar de hacer una valoración global, los tribunales españoles abordaron los hechos de manera «más bien pasiva, admitiendo simplemente algunas de las pruebas solicitadas por la demandante para averiguar quién había instalado el ventilador, sin esforzarse por establecer la causa de la muerte».

Y recuerda, a continuación, que el juzgado de instrucción archivó las actuaciones tres veces, y durante los cinco años de investigación hubo una «demora importante» al analizar las pruebas.

«El sistema interno en su conjunto, cuando se enfrentó a un caso discutible de negligencia médica que resultó en la muerte de la hija de la demandante, no brindó una respuesta adecuada, efectiva y oportuna de conformidad con la obligación del Estado», concluye.

La niña recibió el alta forzosa del hospital el 16 de enero de 2013 en base a un auto judicial respaldado por el comité de bioética del centro hospitalario, que indicaban que la situación era «irreversible» y que mantenerla en estas condiciones era un «enseñamiento».

Sin embargo, la madre, médico de profesión, discrepó del diagnóstico al considerar que su hija podía experimentar una notable mejoría, por lo que decidió interponer una denuncia ante la Guardia Civil, puesto que la pequeña no estaba «estabilizada» durante su traslado, por lo que supuso «un gran riesgo para su vida».