El juicio por 43 enchufes del PSOE de Benidorm arranca este jueves con 32 testigos entre técnicos y funcionarios

La Fiscalía presenta peticiones de hasta cuatro años y seis meses de prisión y ocho años y seis meses de inhabilitación y las sesiones se prolongarán hasta el 16 de diciembre.

Se sientan en el banquillo José Asensio Salamero (jefe de Contratación y Seguridad Social), Daniel Caneiro (coordinador de Recursos Humanos y jefe de Personal), María Dolores Cantó (técnica de Relaciones Laborales del Departamento de Recursos Humanos), Julio Fernández Lleras (jefe del Departamento de Nóminas), Natalia Guijarro (concejal delegada de Hacienda), Juan Ramón Martínez (concejal delegado de Recursos Humanos), María Matilde Martínez (jefa de Negociado de Personal) y Carmen Navarro (jefa de Recursos Humanos). Declararán el primer día del juicio en la Audiencia Provincial de Alicante.

Tanto las contrataciones presuntamente irregulares como los complementos de sueldo se realizaron en 2010, en un momento en el que el Ministerio de Hacienda había exigido austeridad a los ayuntamientos y estaban prohibidos esos aumentos del gasto de personal.

Las gestiones en las que se ha puesto la lupa en esta investigación judicial se centran en las colocaciones en servicios municipales de deportes y en las playas como empleados beneficiando a afines del PSOE, familiares de concejales o sindicalistas, según los casos, con justificaciones dudosas como, por ejemplo, que habían aumentado los robos en estas zonas, una circunstancia desmentida por los responsables de la Policía Local, además de que las funciones de vigilancia se circunscriben a los agentes, no a inspectores que se contrataban.

Declararán como testigos del fiscal el 9 de diciembre Francisco Ángel González, Sebastián Orias, Antonio Lozano y Francisco Montes (funcionarios policiales del sindicato SPPLB, que interpuso la denuncia inicial en 2013, que luego hizo suya la Fiscalía); Mariola Fluviá (concejal de Playas); Juan Fuentes (exjefe de la Policía Local); Gema Amor (concejal); Francisca Crespo (secretaria de la concejal de Servicios Sociales, concejal del PSOE en Altea); Antonio Francisco Cruañes (coordinador de Deportes cuya mujer formó parte de una lista del PSOE a las municipales); Alfonso Alonso (jefe de monitores deportivos); Moisés Pellicer (el ecólogo de playas); y Francisca Marín (abogada con funciones de secretaria general del Ayuntamiento en suplencias).

Para el 10 de diciembre, está previsto que testifiquen también a petición del Ministerio Público Lorenzo Medina (jefe de Personal posteriormente, tras el cambio de gobierno municipal al ganar el PP las elecciones, el único que accedió a su puesto en un proceso selectivo); José Ignacio Oiza (interventor municipal); Francisco José García Martínez (secretario municipal); Dolores Lillo (cuyo puesto se vació de funciones y se le trasladó, y luego ganó una sentencia contra el Ayuntamiento por acoso laboral); Rafael Vicent Queralt (síndico mayor de Cuentas, que realizó el informe de la Sindicatura, clave en esta causa judicial); y varios funcionarios más.

Al día siguiente, será el turno de los testigos de la acusación particular ejercida por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB): Cristina Escoda (portavoz actual del grupo municipal del PSOE, cuyo marido obtuvo una plaza de funcionario de carrera como electricista); y Encarna Llinares (subdelegada del Gobierno en Alicante, que defendió que el SPPLB denunciara legítimamente incumplimientos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), pero luego impugnó algunos casos y otros no, en función del color político del Ayuntamiento, según le afeó este sindicato).

También el 11 de diciembre, declararán como testigos, en este caso de la defensa de Natalia Guijarro, el encargado general de los Servicios Técnicos, Roque Pérez Agulló; y el director de la Biblioteca municipal (ya jubilado), Antonio Couto.

Finalmente, en la última sesión del juicio, el 16 de diciembre, será el turno de los testigos de la defensa de Daniel Caneiro (José Juan Server, abogado externo del Ayuntamiento); de la defensa de Juan Ramón Martínez (Juan Caro -de CCOO, ascendido en su puesto-; Justo López -criminólogo-; Bernabé Sánchez Tena -policía local y coordinador de Servicios Sociales, miembro de la Ejecutiva Local del PSOE en Villajoyosa- y Jaime Pérez Marcet -director adjunto del Palau de Esports, en excedencia-). También, del testigo de las defensas de Julio Fernández Lleras y José Asenso (Laureano Pérez, quien realizaba los expedientes administrativos de personal, número uno de UGT en la actualidad); y de los testigos de la defensa de Carmen Navarro (Fernando Mahiques, empleado de la Biblioteca municipal; y Jerónimo Miralles, de Servicios Generales).

Desde la acusación particular han señalado que aunque no hay posible responsabilidad penal del entonces alcalde, Agustín Navarro, que falleció en 2021, sí puede existir responsabilidad civil, que tendrían que asumir sus familiares.