La juez vuelve a pedir los datos del Poyo a la CHJ y pregunta a la Generalitat si «otra autoridad» fue al Cecopi el día de la dana

En paralelo, en un auto notificado este lunes a las partes, la magistrada ha requerido a la Conselleria de Interior y Emergencias de la Generalitat Valenciana para que «manifieste, de forma sucinta, si concurrió alguna otra autoridad» en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) distinta de las 29 personas y organismos a los que se convocó aquella fatídica tarde.

Una información que considera «relevante» por «el tiempo transcurrido entre la convocatoria a las 17:00 horas y la remisión del mensaje -de alerta masiva a la población- a las 20:11 horas». El propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, asistió a esa reunión alrededor de las 19 horas.

La instructora ha dado tres días hábiles de plazo a la Administración autonómica para que conteste a este nuevo requerimiento, que llega después de que Emergencias respondiera a la juez que fue la entonces consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, cesada tras la tragedia, quien ordenó emitir el aviso tardío cuando las poblaciones ya estaban inundadas por la barrancada que ha dejado 224 muertos, tres desaparecidos y daños materiales multimillonarios.

Lo hizo como directora del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana, al ser la titular del departamento competente en materia de protección civil y emergencias. No obstante, la decisión se tomó «dentro de un Comité de Dirección formado por la citada consellera y la delegada del Gobierno», Pilar Bernabé, en el Cecopi, donde se debatió esta posibilidad.

Además, la magistrada ha solicitado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) un informe de las actuaciones que llevó a cabo el 29 de octubre y ha pedido al teléfono 112 que le traslade a partir de qué momento de ese día se comenzaron a recibir llamadas sobre los efectos del temporal y de qué poblaciones procedían. Lo ha hecho en contestación a la solicitud de diligencias realizada por Podemos, una de las acusaciones populares.

Al mismo tiempo, el juzgado ha dictado y notificado otras dos resoluciones sobre distintos aspectos del procedimiento. En la primera de ellas ha requerido a la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud para que identifique, de forma previa a la admisión a trámite de su querella, las personas de entre sus miembros que resultaron lesionadas, así como para que informe de qué tipo de lesiones sufrieron, la forma en que se produjeron y el tratamiento médico ulterior que recibieron tras una primera asistencia facultativa.

Respecto a esta querella, la juez inadmite lo relativo a los daños por imprudencia grave que en ella se detallaban porque entiende que esos daños «no se podían evitar», pero «las muertes sí».

Alude en este sentido a lo establecido por un auto anterior del propio juzgado, de fecha 11 de febrero, donde se recogía que la investigación penal en curso se ciñe a los fallecimientos y a las lesiones que requirieron tratamiento tras una primera asistencia facultativa.

«Ello no significa que no hayan de obtener la oportuna reparación los daños materiales, la destrucción que ha asolado a las poblaciones y que han afectado a centenares de miles de personas, sino que ni este proceso ni la jurisdicción penal son competentes para su conocimiento», sostiene.

Por esta misma razón, en otro auto, la magistrada ha rechazado la personación en la causa como perjudicados de cuatro personas que sufrieron daños en sus bienes, como vehículos o inmuebles, como consecuencia de las inundaciones.

Del mismo modo, sí acepta la personación en esa condición de acusación particular de la familiar de varias víctimas mortales, que había presentado un escrito a tal efecto bajo la representación legal de la asociación Liberum. A esta entidad el juzgado sí le requiere el pago de una fianza de 6.000 euros para ejercer la acción popular.