La juez pide a la CHJ que detalle si sus agentes vigilaron los barrancos el día de la dana

No obstante, fuera del ámbito judicial, la CHJ ya respondió en parte a esa pregunta. Como informó ABC, en un informe remitido a la comisión de investigación sobre la barrancada en las Cortes Valencianas, el organismo estatal señaló que los ocho agentes medioambientales y los dos guardias fluviales del organismo que trabajaron el día de la dana en la zona más afectada finalizaron su jornada entre las 15 y las 17 horas.

Precisamente cuando las ramblas empezaron a incrementar su caudal y cuando los bomberos forestales que vigilaban el Poyo en Chiva ya habían sido retirados, pese a que las alertas hidrológicas sobre esta rambla y sobre el río Magro -activadas a mediodía- no se desactivaron en toda la jornada. La instructora indaga sobre quién dio esa orden y si se comunicó o no la retirada de los efectivos a Emergencias de la Generalitat.

La labor de los agentes de la Confederación, explicaba el organismo en ese documento, consistía «principalmente en la vigilancia del dominio público hidráulico y la atención de solicitudes de información por parte de las distintas unidades administrativas de la Confederación, para el seguimiento del episodio de avenidas».

En su resolución, la magistrada recalca que, aunque considera «procedente» conocer si hubo agentes de la CHJ sobre el terreno, la competencia de la dirección de la emergencia y del control de los barrancos era de la Administración autonómica. La alerta hidrológica sobre el Poyo, agrega, «no se dejó sin efecto, por lo que la obligación de control siempre estuvo vigente».

Citando distintas declaraciones en sede judicial, la instructora apunta que el día anterior a la riada, ante la previsión de Aemet y su «conocida» responsabilidad, Emergencias de la Generalitat sabía que era conveniente desplegar a los agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente «al objeto de controlar los barrancos». Algo que finalmente no se hizo porque, según una testigo, Medio Ambiente lo denegó. Ese control, sostiene la juez, «debía continuar» en la jornada que se esperaba más adversa, puesto que «la vigilancia requiere un seguimiento, tanto en preemergencia como en emergencia».

Pese a que Medio Ambiente aseguró que había puesto a sus efectivos a disposición del 112, al parecer ese ofrecimiento no llegó al Centro de Coordinación de Emergencias, por lo que se recurrió a los bomberos forestales. «La movilización de recursos humanos se hizo tras la activación de la alerta hidrológica, que, para el barranco del Poyo, tuvo lugar a las 12:20h, y ello habría sido suficiente para la comarca de l'Horta Sud, teniendo en cuenta la hora de los fallecimientos que resulta de las declaraciones de perjudicados practicadas hasta el momento», expone.

Añade, además, que la vigilancia «también era necesaria en los barrancos tributarios del Poyo, atendiendo a las previsiones meteorológicas para zonas como Turís o Godelleta, y que los barrancos de dichas áreas no cuentan con medidores, además de que el barranco de Horteta desemboca en el Poyo más allá del medidor».

«Había avisos de lluvia acumulada en zonas de la cabecera del barranco del Poyo. Turís alcanzó un nivel muy elevado de lluvias. La llamada efectuada por una técnica de Emergencias entre las 12:45 y 13:15 horas del 29 de octubre a los bomberos, indicándoles que fueran a medir la escala de Paiporta es uno de los elementos claramente indicativos», expone.

«A dicha llamada -prosigue- le precedió la de otro testigo. La propia consellera autonómica -Salomé Pradas, investigada en la causa- era informada de que le competía controlar el barranco del Poyo, estampando de su puño y letra la responsabilidad en la asunción de dicho control, la existencia de una alerta hidrológica y lo que es más importante, la utilización de medios propios, brigadas forestales»,

Y dichas brigadas, remarca la instructora, «nada tienen que ver con la CHJ» y «tampoco están a las órdenes de la CHJ, y sí de la Administración autonómica, los agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente».

Al respecto, incide en que la vigilancia in situ responde al hecho de que las subidas repentinas en los caudales de los barrancos se han de controlar visualmente, y «lo que es más decisivo, de forma permanente durante la alerta hidrológica, a través del gran número de medios personales, centenares de profesionales, que dependían de la Administración autonómica».