La juez de la dana rechaza imputar al presidente de la CHJ tras su declaración y carga contra la Generalitat

En una extensa comparecencia, Polo reconoció que un técnico le advirtió de que se había enviado un correo a Emergencias de la Generalitat con el brutal caudal del barranco del Poyo pero no dijo nada en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el órgano que dirigía la crisis y del que era miembro. Según dijo, el dato era congruente con las lluvias que se estaban produciendo y desconocía que a ese nivel de agua se sumaban también los caudales de otras dos ramblas. Una avenida que acabó provocando la mayoría de las 229 muertes a su paso por la zona cero.

Para Valores, su conducta tendría encaje en un delito de omisión del deber de socorro, pero la instructora lo descarta y niega que tenga que comparecer como investigado. En un auto fechado este martes y consultado por ABC, recuerda que se dilucidan presuntos homicidios y lesiones imprudentes. En ningún caso, homicidios dolosos. Era la Administración autonómica, recalca, quien tenía «la posición de garante» para adoptar medidas en materia de protección civil y para vigilar los barrancos, contando con la información de otros actores, como la CHJ o los ayuntamientos.

Un control que «sólo puede ser efectivo a través de la previsión de lluvias y la vigilancia al pie del mismo barranco, dadas las características de este tipo de cuencas: su pendiente y su corto trayecto, de unos 40 km hasta llegar a la Albufera». A esto se suman que «existen otros barrancos, tributarios del Poyo, en los que no existe medidor alguno, y que vierten sus aguas sobre dicho barranco más allá del punto de control de aforo, que está situado en la autovía A-3».

En ese sentido, no puede achacarse a la CHJ, apunta la juez, la retirada de los bomberos forestales –desplegados por Emergencias de la Generalitat– que vigilaron el Poyo hasta primera hora de la tarde, pero a quienes no se ordenó regresar. En un escrito muy duro contra el Gobierno regional, la magistrada vuelve a dejar claras las competencias el día de autos.

Hasta que se decretó la situación 2 de emergencia, era el entonces secretario autonómico del ramo Emilio Argüeso quien dirigía la crisis, de acuerdo con el Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana. A partir de las 15 horas del 29 de octubre, con el desplegamiento de la UME en Utiel, el mando pasó a la exconsellera Salomé Pradas. Ambos están imputados.

La resolución alude también a las dos horas y media –entre las 16.13 y las 18.43h– en las que la Confederación Hidrográfica del Júcar no envió correos electrónicos a Emergencias de la Generalitat pese a que por protocolo debía advertirse el aumento de caudal que se estaba produciendo en el único sensor del Poyo.

En ese lapso de tiempo pasó de 28 a 1.686 metros cúbicos por segundo. Al respecto, descarta indicios de delito en el incumplimiento del protocolo, pues el mismo Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) siguió aportando datos durante ese periodo, disponibles en su página web.

«El único y real apagón informativo es aquello que se calificó en el Cecopi como 'periodo de trabajo exclusivamente presencial', o 'tiempo de reflexión'. Todavía no se ha dado una explicación racional sobre unas desconexiones –que afectaban a los organismos estatales que seguían la reunión telemáticamente– de las que obviamente no salía nada productivo», sostiene. Polo habló de hasta tres recesos hasta que se envió el ES-Alert, que llegó a los móviles de la población a las 20.11 horas, cuando ya había muertos. Ese retraso centra la investigación.

«No se puede culpar» a Miguel Polo, agrega la instructora, de que «los responsables de la emergencia, directores del plan especial de inundaciones, no hicieran uso del SAIH, no analizaran los datos pluviométricos, las previsiones meteorológicas ni las informaciones de los medios de comunicación, ni las llamadas al 112, o que, pese a que sabían que los barrancos estaban al borde del colapso, no los controlaran».

«No se puede argumentar, con el volumen de información de que se disponía cuanto menos desde la mañana, un desconocimiento de la situación. Se está defendiendo un sistema de análisis de información y de control del riesgo tan absurdo como defender que un Juez de Violencia de Género, o un Letrado de víctimas, no supiera lo que es el SIRAJ, no supiera leer la hoja de antecedentes penales y de medidas cautelares, afirmara desconocer que existe el sistema Viogen, o que no sabe que se puede adoptar una orden de protección, o que un controlador aéreo no sepa leer la pantalla del radar», asevera.