La juez de la dana apunta a la «palmaria ausencia» de alertas: el aviso fue «tardío» y «errado en su contenido»

Así se ha expresado en un auto, fechado el 17 de febrero y consultado por ABC, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que centraliza las diligencias tras la tragedia, ceñidas a los decesos y a las lesiones que precisaron asistencia médica más allá de una primera atención.

«La tardanza en recibir ayuda las poblaciones afectadas o la descoordinación, se ha de dilucidar en otros ámbitos, en la jurisdicción contenciosa, o en el político. Es el nexo causal lo que ha determinar las pruebas a adoptar en un proceso penal. En caso contrario la investigación se convertiría en un análisis de la actuación durante el 29 de octubre de todas las administraciones desvinculada de los tipos penales», sostiene.

En otro escrito del mismo día, también consultado por este periódico, la magistrada pone de manifiesto que el mensaje de Protección Civil enviado a los teléfonos móviles de la población a las 20.11 horas de aquella fatídica jornada, para evitar desplazamientos, fue «notablemente tardío» y «errado en su contenido», pues «muchas víctimas fallecieron sin salir de la planta baja de su domicilio, al bajar al garaje, o simplemente por encontrarse en la vía pública».

Los daños materiales «no se podían evitar, las muertes sí», asevera. La instructora responde así a sendos escritos solicitando diligencias presentados por Podemos -que ejerce la acusación popular- y la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud, a quien pide -antes de admitir su querella- que identifique las personas de entre sus miembros que resultaron lesionadas, más allá de que sufrieran pérdidas materiales.

De los presuntos ilícitos cometidos a los que apunta esta asociación, la juez entiende que en este proceso sólo tendrían cabida los supuestos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, y no los de daños por imprudencia grave. Una decisión que los denunciantes van a recurrir.

Muchas de las actuaciones acordadas hasta la fecha han ido encaminadas a arrojar luz sobre el retraso en la emisión de la alerta masiva. Según han avanzado La Vanguardia y RTVE, técnicos presentes en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del día de la dana aseguran que la ex consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas esperó a que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, llegara –dos horas después de empezar– para ordenar que se lanzara el aviso a través del sistema Es-Alert. «¡Enviad ya de una puta vez la alerta!», le habría llegado a decir el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, de acuerdo con esas fuentes.

Cuestionado por los periodistas sobre este asunto, Mazón ha manifestado que, por respeto al procedimiento judicial y «a las víctimas», contestará al requerimiento de la juez, que es «la primera que merece una respuesta», antes de hacer «valoraciones». «Las pienso hacer», ha incidido.

Como viene informando ABC, la magistrada ha requerido a la Conselleria de Interior y Emergencias para que «manifieste, de forma sucinta, si concurrió alguna otra autoridad» en el Cecopi distinta de las 29 personas y organismos a los que se convocó.

Una información que considera «relevante» por «el tiempo transcurrido entre la convocatoria a las 17:00 horas y la remisión del mensaje a las 20:11 horas». Mazón asistió a esa reunión alrededor de las 19 horas.

La instructora ha dado de plazo hasta el jueves a la Administración autonómica para que conteste a este nuevo requerimiento, que llega después de que Emergencias respondiera a la juez que fue Pradas, cesada tras la dana, quien ordenó emitir el aviso tardío como directora del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana, al ser la titular del departamento competente en materia de protección civil y emergencias.

No obstante, según la Generalitat, la decisión se tomó «dentro de un Comité de Dirección formado por la citada consellera y la delegada del Gobierno», Pilar Bernabé, en el Cecopi, donde se debatió esta posibilidad.

La titular de Instrucción número 3 de Catarroja, que trabaja con un equipo de cinco fiscales, está a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial acepte su propuesta -elevada por el TSJ valenciano- de nombrar a otro juez que se encargue durante seis meses prorrogables de los asuntos ordinarios del juzgado para que ella pueda dedicarse en exclusiva a esta causa.

En paralelo, el PSPV-PSOE asegura que la Generalitat «mintió» al no facilitar el registro de llamadas de Mazón y Pradas el 29 de octubre. En una respuesta parlamentaria, Presidencia aseguró que no tenía «facturas individuales», sino una «bimensual global sin desglose de llamadas entrantes y salientes».

No obstante, ahora los socialistas aseveran que esto es «falso» porque el contrato de los servicios telefónicos de la Administración autonómica señala que el adjudicatario «debe ofrecer información sobre registro de llamadas tanto entrantes como salientes, que permita obtener el detalle del tráfico y la facturación generada por todas las línieas internas y externas de la Generalitat».