El Gobierno de Ximo Puig se enfrenta a 400 posibles demandas por discriminar a los médicos de la privada

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) ofrecerá ahora sus servicios jurídicos a los afectados, que podrán reclamar por daños morales, personales y patrimoniales, con una mayor o menor cuantía en función de si sufrieron el contagio del Covid-19 mientras esperaban para ser inmunizados, si necesitaros hospitalización o incluso si hubo fallecimientos. También, por los ingresos que dejaron de percibir por guardar la cuarentena de diez días, ya fueran autónomos o contratados por centros privados.

El secretario técnico jurídico del COMA, Guillermo Llago, no ha precisado aún en qué cifras se moverán las reclamaciones de indemnización, porque dependerá de cada caso, según la gravedad de los perjuicios ocasionados. En el texto de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, se contempla la posibilidad de superar los 50.000 euros, si bien en esa situación será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.

De entrada, el Gobierno de Ximo Puig debe pagar una primera indemnización de 10.000 euros al Colegio de Médicos que presentó este contencioso durante la pandemia, en febrero de 2021, una cantidad «simbólica» que la entidad destinará a medios y recursos frente al coronavirus para los profesionales, según ha anticipado su presidente, Hermann Schwarz, quien ha resaltado que en aquellos momentos muchos colegas suyos «estuvieron expuestos y se vulneraron derechos fundamentales, como la protección de su salud y de su vida«.

La Conselleria también ha sido condenada a sufragar las costas judiciales (2.000 euros) y dispone de la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo hasta el 30 de septiembre, una opción que Llago ha calificado de «inviable» después de ver tumbada su apelación en el TSJCV contra la sentencia en primera instancia.

La vicepresidenta del COMA, Isabel Moya. ha lamentado la «absurda negligencia» de la Administración autonómica que causó inquietud entre los médicos que ejercen en la Sanidad Privada y ha desmontado el argumento esgrimido por la Conselleria en su defensa de que no les habían avisado. Moya ha asegurado que hubo «múltiples comunicaciones» y el presidente Schwarz ha subrayado que el Colegio de Médicos «no ha tenido ningún afán de lucro« en este asunto porque desde el principio reclamó la vacunación inmediata.

De hecho, a petición suya, el juzgado dictó un auto de medidas cautelarísimas para obligar a inmunizar a los médicos de inmediato sin distinciones entre los del sector público y el privado.

No se ha dado ningún otro caso en España salvo en Cantabria, donde el Colegio de Médicos siguió el ejemplo de los alicantinos y ahora espera resolución judicial de su denuncia. En el caso de la provincia de Castellón, se acudió también a la Justicia y cuando se dictaron las medidas cautelares, el colegio abandonó la vía judicial para exigir indemnizaciones.

Este varapalo judicial castiga la gestión de Ana Barceló como consellera de Sanidad Universal y Salud Pública cuando ya no está al frente de este departamento, que ha dejado como candidata a las elecciones municipales para ser alcaldesa de Alicante.

El portavoz de Sanidad del grupo del PP en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, ha exigido a Puig que «asuma responsabilidades» por las sentencias que «condenan la nefasta gestión sanitaria de Puig durante la pandemia tras desestimar el TSJCV el recurso de apelación a la sentencia que condena a Sanidad por vulnerar el derecho fundamental a la igualdad, a la salud e incluso a la vida de los médicos«.

A su juicio, «Puig y su gobierno han sido condenados por desproteger y abandonar al personal sanitario vulnerando tres preceptos constitucionales».

Para el portavoz popular, «esta sentencia viene a demostrar lo que desde el PP llevamos denunciando desde hace años: el error del modelo sanitario ideologizado del tripartito valenciano de izquierdas, con un carácter sectario de enfrentamiento con la sanidad privada que pone en riesgo la salud y la vida de todos».

Después de este revés en los tribunales, «el modelo sanitario de Puig ha sufrido una condena a la totalidad, con pago de costas por priorizar la ideología sectaria al interés general», según Zaplana.