El exasesor fiscal de Zaplana carga contra el testaferro confeso del caso Erial: «Me dijo que le habían obligado a hacerlo»

Durante su tenso y denso cara a cara de más de tres horas con el fiscal, en el que ha reiterado en varias ocasiones que no daba órdenes sobre las mercantiles o los fondos bajo lupa, ha ofrecido una versión alineada con la del antiguo dirigente del PP y alternativa a la que presentó ante el tribunal este miércoles Joaquín Barceló, otro de los principales encausados. 'Pachano', amigo íntimo de Zaplana, se erigió como su testaferro tras, presumiblemente, pactar con la Fiscalía para ver rebajada su petición de prisión. Una confesión contra la que Grau ha cargado duramente. De hecho, ha aseverado que, al finalizar la sesión, Barceló le dijo: «Me han obligado a hacerlo».

«Tenemos una espada de Damocles con la pena -se enfrenta a ocho años de cárcel- que nos pide», ha lamentado. «El señor Zaplana y yo sabemos lo que es la cárcel», ha señalado, en referencia al periodo que estuvieron en prisión provisional tras su detención en mayo de 2018. «Los dos primeros meses los pasamos Joaquin Barceló y yo en una misma celda», ha relatado. Después, pasaron cuatro en solitario: «Sabemos lo que se sufre cuando estás solo». A principios de diciembre, ha continuado, «Barceló me dice que él no va a volver a prisión y que va a hacer lo que haga falta para no volver».

Grau ha incidido en que él también valoró alcanzar una conformidad con el Ministerio Público e incluso le aconsejaron que lo hiciera al considerar que Zaplana «ya había perdido su reputación». No obstante, «hay cosas que si yo no he vivido, no las puedo decir», ha justificado.

Precisamente, durante el interrogatorio, se le ha cuestionado sobre una de las revelaciones que 'Pachano' hizo ante el juez. «En absoluto», ha respondido, le entregó una bolsa con cinco millones de euros de Zaplana a Joaquín Barceló para que se los llevara a Andorra. Y, además, ha replicado al fiscal: «Creo recordar que lo de la bolsa lo introdujo usted».

Quien fue portavoz del Gobierno de José María Aznar está procesado, junto a otras catorce personas, por supuestamente tejer una red de colaboradores con la que desviar ese dinero procedente de comisiones ilegales al extranjero para blanquearlo y retornarlo a España. Se movieron más de 20 millones de euros, según la Fiscalía, que pide para Eduardo Zaplana 19 años de prisión. Se les imputan supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental.

El considerado 'cerebro' de la presunta trama ha asegurado que conoció por Joaquín Barceló la existencia de Imison Internacional, la empresa matriz de la red constituida en Luxemburgo por Beatriz García Paesa, según los investigadores, con dinero de Juan Cotino para el pago de esas comisiones. Barceló le dijo que unos inversores «conocidos suyos» querían invertir en España a través de esa mercantil. «¿De quién era Imison? Cuando yo la conozco en 2005, de los señores Cotino», ha agregado, sobre los conocidos empresarios -Vicente y José- también acusados.

Grau afirma que habló con el director financiero de Sedesa -el grupo empresarial de los Cotino que había ganado varios concursos públicos y supuestamente pagó mordidas a cambio- y le justificó documentalmente la procedencia de esos fondos. Aunque poco después se reunió con Zaplana, lo ha desligado de este asunto, pues «nunca» hablaba con el exministro de estas operaciones por la «confidencialidad» de su despacho de asesoría.

Pese a que Paesa asegura que Grau era la persona que le daba las órdenes sobre los fondos que tenía Imison en Luxemburgo, éste lo ha negado taxativamente y ha acotado su relación a algunos encuentros. Tampoco ordenó realizar ninguna transferencia a cuentas de otras sociedades. Del mismo modo, ha incidido en que la mercantil Medlevante no se constituyó para recibir dinero del extranjero, sino para hacer una serie de inversiones inmobiliarias.

Además, Grau ha apuntado que asesoraba a Barceló en estos asuntos, pese a que éste tenía contratado a otro asesor, porque «se fiaba más» de él. Precisamente, en un momento dado y sobre los negocios de quien se confesó como testaferro, el fiscal le ha preguntado: «¿Qué le interesaba todo esto al señor Zaplana si no era su dinero?». «Nada, salvo hacerle un favor a sus amigos», ha respondido Francisco Grau, sobre las influencias que el expolítico tenía en el mundo de los negocios. Ha buscado apuntalar así la estrategia de defensa de quien también fue ejecutivo de Telefónica.

Sin embargo, la declaración de Grau ha desesperado por sus inconcreciones al fiscal, que ha cuestionado varias veces que, pese a tratarse de operaciones en las que se manejaban millones de euros, el asesor no hablara en ningún momento con los dueños de ese dinero. De la misma manera, el acusado le ha llegado a reprochar al portavoz del Ministerio Público la interpretación «excesiva y fuera de lugar» que ha dado a algunos documentos.

La Fiscalía, como hizo el Juzgado de Instrucción número 18, cree que Eduardo Zaplana obtuvo «beneficios ilícitos gracias a su posición institucional» para servirse de ellos tras abandonar la política en 2008, por lo que también le pide una multa de cuarenta millones de euros.

Según señala en su escrito de acusación, quien fue presidente autonómico entre 1995 y 2002 se habría concertado con el entonces director general de la Policía, el fallecido Juan Cotino, y dos sobrinos de éste -Vicente y José- para que su grupo empresarial ganara un concurso público supuestamente hecho a medida que no tenía ninguna justificación: la privatización del servicio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en 1997. Los Cotino pagaron alrededor de seis millones de euros por el cánon de Castellón, Villareal y Vinarós. En 2004, vendieron sus participaciones en la compañía adjudicataria por 43 millones.

La adjudicación «amañada» a los Cotino de tres parques eólicos en 2003, un proceso que inició Zaplana antes de marcharse a Madrid y ser sustituido por José Luis Olivas, también está bajo sospecha. Por ello, Anticorrupción apunta que Olivas recibió un «soborno» de 580.000 euros. Un lustro después, despacharon sus participaciones en la sociedad adjudicataria por 44 millones.

El grupo Sedesa -de la citada familia- obtuvo en total «86.511.400,15 euros, lo que justifica el alto importe de las comisiones abonadas por dichas adjudicaciones». Para todo ello, el Ministerio Pública señala que diseñaron una estructura de sociedades en España y Luxemburgo, que después sirvió para «traspasar los sobornos pactados a la organización liderada por Eduardo Zaplana». 6,4 y 2,18 millones de euros que presuntamente se transfirieron a una empresa propiedad del exministro.

Además de para Vicente y José Cotino, Anticorrupción solicita 14 años de cárcel para el que fuera jefe de gabinete de Zaplana Juan García. El fiscal asevera que el asesor financiero Francisco Grau se encargaba de gestionar los fondos, mientras el amigo personal del exministro Joaquín Barceló ejercía como testaferro y titulaba el dinero que se repartió en sociedades de Luxemburgo, Panamá y cuentas de Andorra. Los dos se enfrentan a ocho años de prisión, junto a la exsecretaria del expresidente, Mitsouko Henríquez. La exdiputada del PP Elvira Suances y su hermano Saturnino también se enfrentan a un lustro de cárcel como supuestos encargados de recuperar el dinero de Andorra.