El Defensor del Pueblo valenciano exige explicaciones a la Generalitat sobre la atención a la menor que se suicidó

Así, ha solicitado a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública la remisión de un nuevo informe en el que indique si se ha incoado expediente disciplinario a la psicóloga y a la psiquiatra que trataron a la joven durante los últimos seis meses de su vida, así como trasladar cualquier información sobre la iniciación de algún procedimiento procesal y los motivos de la falta de respuesta expresa a la queja presentada por la familia a finales de agosto.

Esta nueva petición de aclaraciones del Síndic de Greuges llega después de estudiar el informe emitido por el Departamento de Salud de Requena-Salud Mental, en el que señala que el plan de prevención de suicidios de la Comunidad Valenciana «es una herramienta proactiva que pretende dar respuesta rápida y continuada a las personas con conductas suicidas», pero en ningún caso determina que su aplicación sea de obligado cumplimiento.

No obstante, aclara que Isabel ya se encontraba en seguimiento activo de salud mental «con citas muy frecuentes», realizando un «abordaje multidisciplinar dentro del seguimiento intensivo planteado para este caso particular». Una afirmación que contradice la familia de la adolescente al aportar múltiples informes médicos en los que se pone negro sobre blanco las ocasiones en las que intentó quitarse la vida e incluso un «plan suicida concreto», suficiente para activar el protocolo, de acuerdo con la valoración de otros profesionales consultados por su padre, Rafael Martínez.

Asimismo, Sanidad defiende la actuación de las terapeutas al considerar que se han puesto en marcha todos los recursos disponibles, «desde consultas individuales con la paciente, intervenciones grupales, atención a los padres, atenciones sin cita previa ante cualquier conducta disruptiva en cualquier sentido, coordinación con psicopedagoga del IES 1 y contacto con la UPC de Requena, abordaje del caso en sesiones clínicas de equipo y solicitud de ingreso y reingreso en Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria».

Además, el Departamento de Salud de Requena manifiesta que el contenido de las últimas entrevistas «no hacía previsible un intento autolítico planificado», aunque sí reconoce que «existía una idea fluctuante de muerte como forma de evitar el malestar emocional que estaba atravesando», considerando también que no se atisbó «ningún factor de riesgo o combinación de ellos que tengan una sensibilidad o especificidad suficientes para predecir el paso al acto».

Otro de los puntos de conflicto que resaltan los padres en su querella por homicidio imprudente contra las dos terapeutas fue el trato que recibieron de dichas profesionales a la hora de pedir explicaciones sobre el visible empeoramiento de la joven. Rafael Martínez asegura que le dijeron algunas ocasiones que su hija «quería llamar la atención y se la querían quitar de encima», que la sobreprotegían y al mismo tiempo que «tenía una falta de referencia paterna», mientras que Sanidad destaca en su réplica al Defensor del Pueblo la actitud «cuidadora, asertiva y proactiva» de los progenitores.

El Síndic de Greuges instó a aclarar a la Generalitat cuáles son las medidas de intervención postsuicidio previstas en el plan de prevención, enfocado al seguimiento a familiares y personas allegadas. Todo ello después de que la familia de Isabel denunciara el silencio administrativo y la falta de condolencias por parte de las profesionales y el propio Departamento de Salud.

Al respecto, Sanidad sí reconoce un error en los tiempos necesarios de reflexión y asimilación, al priorizar una «actitud no invasiva» y el acceso al servicio «de forma flexible». Sin embargo, argumenta que «debido a las características del medio rural en el que trabajamos, la información del fallecimiento de la paciente llegó a nuestra unidad por cauces extraoficiales el mismo día del entierro».

«Por motivos de empatía y humanidad, no contactamos con la familia para expresar nuestras condolencias respetando el momento de encuentro y recogimiento de la misma con su núcleo de apoyo, creyendo que el encuentro con el personal sanitario a cargo de su cuidado podía interferir una situación de índole privado», explica la Generalitat. Asimismo, apunta a la percepción que la familia tiene sobre esta unidad como motivo para que cualquier tipo de soporte terapéutica y emocional sea «inviable», aunque «queda la puerta siempre abierta», añade.

Por su parte, Rafael Martínez alega que el director del Hospital de Requena se le dirigió con «malas formas» y le expresó que «el tema está judicializado y no puede hacer nada más en el tema», por lo que se negó a darle respuesta por escrito a su queja sobre la situación laboral de las terapeutas y la posible apertura de una investigación interna sobre su labor con su hija.