Mónica Oltra niega ante el juez que ordenara investigar a la víctima de abusos sexuales de su exmarido para desacreditarla

Su versión de los hechos poco varió ante las preguntas del juez, del fiscal y de las defensas a puerta cerrada, aunque no respondió a las de la acusación: siempre actuó dentro de la legalidad y no intervenía en el día a día de las residencias, por lo que era imposible conocer la letra pequeña de cada caso. Fuentes jurídicas presentes durante la declaración –muy extensa por la reiteración de muchas cuestiones– explicaron a ABC que el magistrado Vicente Ríos centró gran parte de sus preguntas en la actuación de los funcionarios de Igualdad investigados para conocer la opinión de la dirigente al respecto. Por ejemplo, quiso saber qué le parecía que un presunto abusador –ahora condenado a cinco años de prisión y a la espera del recurso en el Supremo– se reincorporara a su puesto pocas semanas después de ser señalado por la víctima, aunque en otras funciones, y se le dejara redactar una especie de protocolo interno ante situaciones de este tipo.

El instructor también puso el foco en que, pese a que la menor relató lo ocurrido en febrero, no se dio parte de la denuncia a la Fiscalía hasta junio, al no darle credibilidad. A ello la exconsellera respondió que, tanto los trabajadores del centro concertado en el que trabajaba su exmarido como educador, como los psicólogos de la Generalitat que no preguntaron a la niña sobre los abusos en su examen, siempre siguieron criterios profesionales y no órdenes de la cúpula de la Generalitat. Oltra insistió en que, pese a que convivía con el agresor, no conoció los abusos hasta el 4 de agosto, cuando recibió una notificación judicial –la orden de alejamiento– en su casa. Por tanto, tampoco tenía constancia de los pasos que los técnicos habían dado desde principios de año. Del mismo modo, aseguró que desconoce si en la residencia Niño Jesús de Valencia sabían de la relación del educador con la entonces vicepresidenta autonómica. Fue este, de hecho, uno de los motivos por los que la víctima era reticente a denunciar en un principio, aunque finalmente trasladó su denuncia a dos agentes de la Policía Nacional que acudieron a la residencia por otro motivo.

Uno de los puntos más importantes de la causa es el expediente abierto el 8 de agosto, es decir, cuatro días después de que Mónica Oltra conociera lo ocurrido y cuando el asunto ya estaba judicializado. Lo que en principio era un documento que buscaba conocer qué había ocurrido con la víctima se convirtió en un informe reservado que se utilizó para desacreditarla, según el juez.

Un dosier que se elaboró por orden verbal de la entonces máxima responsable de Igualdad, de acuerdo con los indicios del instructor. Oltra llegó a respaldar esta versión en unas declaraciones a los medios el pasado mes de marzo, pero pocos días después se retractó, asegurando que sus palabras se enmarcaban en un intento de defender el trabajo de los funcionarios ante los ataques de la extrema derecha.

Ayer siguió en esa línea, aludiendo al componente emocional que le producía la situación mediática que estaba viviendo: reiteró que no tuvo nada que ver en la apertura de esa investigación paralela y descargó la responsabilidad en Rosa Molero, directora general de Infancia y Adolescencia, también imputada. Molero declaró ante el juez en marzo que fue ella, por su cuenta y riesgo, quien decidió dilucidar lo que había ocurrido tras llegar el mismo escrito judicial a la dirección territorial de Igualdad. El documento, que incluía un informe del Instituto Espill–la entidad entonces encargada de examinar a las víctimas de abusos– nunca estuvo en manos de Oltra, según ella misma aseveró al instructor.

El magistrado decidió ayer que no se grabara la comparecencia de la dirigente, como se hace habitualmente para que las partes puedan revisarla más tarde, con el objetivo de evitar una más que probable filtración del vídeo a los medios de comunicación, como ya ha ocurrido en alguna ocasión a lo largo de este proceso. Por tanto, la exportavoz del Gobierno de Ximo Puig evitará una imagen controvertida a pocos meses de las elecciones autonómicas. En Compromís todavía confían en que repita como cabeza de cartel a la Generalitat. Precisamente, han modificado su reglamento de primarias para hacerle hueco si el asunto queda archivado.

A su salida de los juzgados, Oltra evitó hablar de su futuro político –«No es el momento», dijo– y señaló que había contestado «todas las cuestiones que se habían planteado desde la transparencia», por lo que se marchaba como entró, «tranquila y serena». «Ahora es el tiempo de la Justicia. Espero que todas las explicaciones que hemos dado convenzan a quien tienen que convencer. Ahora es momento de tener paciencia», apuntó.

Con la declaración de Oltra se cierra la ronda de comparecencias judiciales que se iniciaron en febrero, a la espera de que el juez decida si se practican más diligencias antes de decidir si abre o no juicio oral. La denuncia de la víctima –representada por el abogado José Luis Roberto, líder de España 2000– por la supuesta desprotección que padeció y una querella de la exdirigente de Vox Cristina Seguí dieron pie a que el caso volviera a los tribunales tras la condena a cinco años de cárcel a Luis Ramírez Icardi, educador en el centro Niño Jesús de Valencia, a la espera del recurso en el Tribunal Supremo. La formación de Santiago Abascal también ejerce la acusación popular, mientras el PP quedó a la espera de esta declaración para su sumarse o no a la causa.

Por su parte, el fiscal, que también fue incisivo en su interrogatorio, se ha mostrado favorable a incorporar a la causa las comunicaciones de los imputados durante el periodo que se investiga, tal y como han solicitado las acusaciones. Mónica Oltra entró a las nueve de la mañana a los juzgados entre aplausos de simpatizantes y acompañada de compañeros de partido. Tras un receso para comer, salió pasadas las ocho y media de la tarde.