El Ayuntamiento valenciano de Benetússer multará hasta con 3.000 euros a los clientes de prostitución

«La explotación sexual es una lacra que compete a toda la sociedad, por lo que en Benetússer damos luz verde a una norma que ha sido puesta a disposición de la ciudadanía y que, al mismo tiempo, recoge los fundamentos establecidos por la Conselleria de Justicia para convertir a los ayuntamientos en agentes activos en la erradicación de la prostitución», señala la alcaldesa de la localidad, Eva Sanz Portero.

De este modo, la ordenanza regula el uso de los espacios públicos como lugares de convivencia, civismo e igualdad y pone el foco en las personas beneficiarias de la explotación sexual, responsabilizando tanto al proxeneta como al cliente mediante el establecimiento de un régimen sancionador que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves.

«Continuamos tejiendo una red de protección para las víctimas de violencia de género, que tiene en la explotación sexual una de sus manifestaciones más extremas, ya que trata el cuerpo de las mujeres como un producto de consumo. Y lo hacemos responsabilizando y sancionando al abusador, tanto al cliente como al que se beneficia de comercializar con la trata de seres humanos», añade la concejala de Igualdad, Ana Martín Valero.

Así, en función del ámbito de competencia municipal, se establece un marco de actuación aplicable en espacios públicos para prohibir todas aquellas conductas que puedan considerarse como promotoras del consumo de la prostitución como es el caso de la colocación y/o divulgación de publicidad que fomente el mercado de la explotación sexual, incluyendo formatos móviles, audiovisuales o en papel, considerando dicha infracción como leve, sancionada con multas de entre 500 a 750 euros.

En el siguiente nivel punitivo se regula la responsabilidad tanto del cliente como del intermediario entre los demandantes de servicios sexuales y las personas en situación de prostitución. Así, obtendrán la calificación de grave, la solicitud, negociación y aceptación de servicios sexuales retribuidos, tanto en dinero como en especie, así como las acciones de facilitación, vigilancia y alerta sobre la presencia de los agentes de la autoridad con sanciones de 751 a 1.500 euros.

En el caso de las sanciones calificadas como muy graves, que podrán alcanzar hasta los 3.000 euros, serán aplicables cuando las infracciones se lleven a cabo en espacios situados a menos de doscientos metros de distancia de centros educativos u otros espacios con afluencia de público infantil o juvenil, y también de aquellos lugares en los que se desarrollen actos de gran afluencia de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva.

En su artículo 35, la norma especifica el destino de las cuantías de dichas multas dirigidas a la mejora de la situación personal, social y económica de las mujeres explotadas sexualmente, así como a subvencionar a entidades sin ánimo de lucro de ámbito local y comarcal que desarrollen programas de apoyo y atención a mujeres víctimas de este tipo de abuso.

Otro punto de los puntos destacados de la ordenanza es la regulación de las infracciones cometidas por menores, siendo aplicable la norma a las conductas realizadas por personas de entre 14 a 18 años.

En su caso, se contempla que la sanción económica podría ser sustituida por actividades de servicio público con interés social y valor educativo con el objetivo de concienciar y producir un cambio de conducta a futuro.

A partir de este texto, el Ayuntamiento de Benetússer «contará con un marco específico de actuación basado en la colaboración y coordinación tanto a nivel interno como con otras instituciones, asociaciones y colectivos para realizar una intervención eficaz para poner fin a las conductas abusivas, al mismo tiempo que establece un protocolo de cara a informar y ayudar a todas las mujeres que se encuentren en situación de prostitución y/o explotación sexual«, recalca la corporación.

Finalmente, la norma establece la futura aprobación de un Plan Municipal de Acción Integral para Mujeres en Situación de Prostitución para favorecer la integración a nivel social, económico y laboral de todas las mujeres que puedan sufrir la explotación sexual en el municipio.

«En dicho plan asentaremos las bases para las ofrecer una atención de las víctimas de forma coordinada, ofreciendo una respuesta social, psicológica, jurídica, formativa y laboral con el claro objetivo de contribuir a crear un futuro libre de abusos y violencia sexual«, concluye la alcaldesa el municipio benetusino.

Tras su aprobación en el pleno, la ordenanza será publicada en el BOP, en el tablón de anuncios y en el portal de transparencia municipal por un plazo de 30 días para la presentación de alegaciones o sugerencias que deberán ser resueltas por el pleno de la corporación.

En caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias, se considerará aprobada y entrará en vigor para su aplicación inmediata en todo el término municipal.