Podemos eleva la presión sobre el PSPV y Compromís por la financiación ilegal

La formación morada ha preferido moverse en el campo de la prudencia hasta que puedan conocer de primera mano las explicaciones, aunque con la advertencia durante la semana pasada de que congelan cualquier pacto de cara a los próximos comicios con Compromís a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos.

Para este miércoles tienen programadas sendas reuniones con los socialistas y los nacionalistas –por separado– en las que trasladarán sus primeras exigencias: que les presenten de inmediato toda su contabilidad bajo sospecha de 2007 –la cual no han hecho pública pese al paso de los días– y que identifiquen a los responsables de entonces que todavía ocupan algún cargo en la actualidad.

En ese momento, el líder de los nacionalistas era el ahora presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera . En los papeles se menciona a «Lluis Miquel», que podría referirse a su jefe de Gabinete, Lluis Miquel Campos . José Ramón Tíller o José Manuel Orengo son otras de las personas que ocupan puestos en la actualidad. El primero trabajó en Crespo Gomar – la agencia de comunicación que habría facturado a terceras empresas gastos electorales de los partidos – y ahora se encuentra en Egevasa (sociedad mixta participada al 51% por la Diputación de Valencia y al 49% por el grupo Aguas de Valencia), que también figura en los papeles como donante del Bloc.

Tíller era, además, una de las personas de confianza del segundo. Orengo, exalcalde de Gandia, sigue en este momento como asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

La formación morada entiende que todavía es temprano para pedir dimisiones, según reconocen a este periódico. Algo que, por otra parte, no descartan. Esperarán a la evolución de la investigación judicial, aunque todo depende, admiten, de los tiempos y de los indicios que vayan apareciendo. Especialmente relevante resultará el levantamiento del secreto de sumario para poder tener acceso a los avances de la instrucción.

Mientras tanto, también quieren condicionar la actividad en las Cortes Valencianas. Para ello registraron ayer una proposición firmada por su portavoz, Antonio Estañ, en la que piden la creación inmediata de una comisión de investigación con el objetivo de que entre en esta legislatura. Algo que no ha sentado muy bien a sus socios. «Esperamos que este tiempo buscando facturas les haya dado resultado, que lo aclaren todo lo antes posible y que se depuren responsabilidades políticas», afirmó Estañ.

La idea es que la financiación del PSPV y el Bloc se una a la comisión que investiga la del PP también en las elecciones de 2007 y que todavía no se ha puesto en marcha. Se haría de forma paralela a la del caso Taula, que afecta igualmente a los populares. Una solución que apoyarían tanto PP como Ciudadanos y que dejaría a Podemos en una posición política más cómoda para no situarse del lado de las propuestas de la oposición, sino que sea al contrario. Esto supondría acelerar otras comisiones de estudio como las de agua o acuíferos puesto que existe un máximo establecido de diez y ya hay lista de espera.

Por su parte, los socialistas y la coalición no descartan llevar una propuesta alternativa . El portavoz de Compromís, Fran Ferri, manifestó este martes que no sabe si lo mejor es «juntar todo en una» o que se celebren de forma paralela, pero aseguró que no pondrán ningún problema. No obstante, advirtió de que no quieren que eso «suponga dejar de investigar» otras cuestiones como el caso Taula.

El síndic del PSPV, Manolo Mata, señaló que «la voluntad política es evidente». «La celeridad es muy, muy buena, pero si la comisión fuera mañana tampoco sabría yo muy bien a quién llamar», indicó, para recordar que el partido sigue con su propia comisión para recabar toda la información.

Una situación parecida se vive en el Bloc, cuya Ejecutiva Nacional se reunió ayer. Tras el encuentro, apuntaron en un comunicado que han llevado a cabo un proceso de recopilación de información sobre las elecciones de 2007. Ahora inician una segunda fase para contrastarla con los responsables de la campaña de ese año en lo relativo a los gastos concretos y efectivos y «los conceptos específicos por los que se produjeron los pagos a la empresa Crespo Gomar ».

El partido también acordó dirigirse al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para solicitar que se haga público el contenido del procedimiento que no afecte a futuras investigaciones. A su vez, lamentaron no haber recibido aún ninguna «notificación o información oficial» porque les genera «indefensión» como partido.