La oposición obliga a Ximo Puig a responder sobre la gestión del caso del exmarido de Mónica Oltra

[El juez pide el audio de las declaraciones de Mónica Oltra sobre la «investigación paralela» del caso de su ex]

El presidente autonómico respondió a los grupos parlamentarios por última vez el 10 de febrero, ante las polémicas condenas al Consell por la falta de protección de los sanitarios durante la primera ola del coronavirus. Lo hizo tras un paréntesis que se prolongaba desde el 25 de noviembre y que se volvió abrir hasta este jueves , puesto que la comparecencia prevista para el 24 de febrero no pudo realizarse porque Puig tenía previsto viajar a la Conferencia de Presidentes de La Palma, que finalmente se canceló tras la invasión rusa de Ucraina.

La síndica del PP, María José Catalá, cuestionará al dirigente socialista sobre si «va a exigir o asumir responsabilidades políticas por las últimas resoluciones judiciales que cuestionan la gestión de su gobierno». En la misma línea, la portavoz de Vox, Ana Vega, pedirá a Puig que exprese públicamente si respalda la gestión de su vicepresidenta . Vega también interpelará a la propia Oltra sobre las políticas del Gobierno valenciano para proteger a las mujeres.

Pero la ofensiva de la oposición no quedará ahí. Más allá de la ronda de intervenciones ante los miembros del Consell, el bloque de la derecha ha preparado a conciencia este pleno, que arrancará el miércoles con una Proposición no de ley del PSPV para que se incluya a los bebés robados de la Comunidad Valenciana en la investigación que el Congreso de los Diputados quiere encargar al Defensor del Pueblo sobre abusos a menores en la Iglesia.

Los populares ya han presentado una enmienda para que, además, se recopile también la documentación existente en las diferentes administraciones o asociaciones sobre abusos a menores tutelados por la Generalitat en las tres provincias.

Por su parte, Ciudadanos ha ido más allá y ha presentado otra PNL que, salvo sorpresa mayúscula, no saldrá adelante por la mayoría de diputados del Botànic -PSPV, Compromís y Unidas Podemos-. La formación naranja pide, de urgencia, el cese de la vicepresidenta o que Puig la aparte de «las competencias en la gestión de los eecursos residencias para las personas menores de edad que se encuentran bajo tutela de la Generalitat Valenciana, dada la continua desidia y negligente actuación que ha tenido la Administración autonómica en la gestión de estos centros, dejando a los menores en una situación de desamparo y desprotección absoluta ».

La imputación de trece cargos y funcionarios de Igualdad por su actuación ante el caso de abusos a una menor tutelada ha hecho que los partidos de la oposición redoblen sus iniciativas parlamentarias relacionadas con esta cuestión: desde peticiones de dimisión hasta solicitudes para abrir comisiones de investigación.

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 considera «un hecho difícilmente controvertible» la existencia de una «investigación paralela» a la judicial , como también la definió el fallo de la Audiencia de Valencia que condenó al educador de una residencia a cinco años de prisión. Un procedimiento «administrativo», según Oltra, que se solicitó el 8 de agosto de 2017, cuando la conselleria había recibido la semana anterior –el 28 de julio– un escrito informando sobre la orden de alejamiento del agresor sobre la joven que había dictado un juez como medida cautelar.

«Si me quieren a mí, me tienen a mí, pero que dejen a los funcionarios en paz» porque «no se merecen que cuestionen su profesionalidad y su trayectoria y la situación en las que les ponen a ellos y sus familias», señaló este lunes la dirigente de Compromís, aludiendo a la «cacería política» de la extrema derecha de la que, apuntó, es víctima.

Oltra mantiene que se enteró por su «circunstancia personal» el 4 de agosto , cuando llegó una notificación judicial a su casa. Cuatro días después, encargó ella misma ese expediente –que se inició bajo la denominación «Información Reservada 1/2017»– a la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, para esclarecer «qué actuaciones se habían realizado, por qué me entero en esa fecha y no por vías de la conselleria, por qué no se había cumplido la petición del 6 de julio de Fiscalía de derivación de la presunta víctima o por qué no se le había proporcionado la atención psicológica».

No obstante, el objetivo del mismo –tal y como consta en las resoluciones de Igualdad citadas en el último auto judicial– era «determinar la certeza» de la versión de la víctima. Oltra defendió que no hay ningún ilícito penal ni en su actuación ni en la de los imputados y volvió a poner el foco en la falta de protocolos de actuación en este tipo de situaciones, que impedía que la información fluyera correctamente en la Conselleria, hasta que se crearon.