Morera no le da «ninguna relevancia» a la investigación policial sobre la financiación de PSPV y Bloc

La causa se instruyó durante año y medio en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia tras una denuncia del PP ante la Policía. Al encontrarse prescrito el delito electoral pero no los de malversación, prevaricación y falsedad documental, la juez decidió trocear la causa y remitirla a cuatro juzgados (dos de Madrid, uno de Gandia y otro de Benidorm).

Las Cortes tratarán ahora, antes de que finalice la legislatura, de continuar indagando sobre este tema. Morera, durante los años investigados, era secretario general del Bloc, pero ha negado que tuviera constancia de la mecánica puesta de manifiesto por la juez de Valencia en su auto: que la agencia de comunicación Crespo Gomar, con la que trabajaron los socialistas y los nacionalistas de cara a la campaña, realizó servicios a los partidos de cuyo pago se habrían hecho cargo terceras empresas mediante la confección de facturas falsas.

«No ha habido ninguna financiación ilegal ni del PSPV ni del Bloc », ha insistido Morera pese a las consideraciones judiciales, a la vez que ha defendido que ningún juzgado ha abierto ninguna causa a este partido por delitos vinculados por corrupción, ni tampoco la policía ha registrado la sede ni se les ha hecho ningún requerimiento al respecto.

El presidente de las Cortes Valencianas ha aprovechado para poner en entredicho el trabajo de la Policía. «No le doy ninguna relevancia a lo que dice sobre unas fotocopias presentadas por Císcar» , ha llegado a asegurar. Una línea que, posteriormente, ha mantenido su jefe de Gabinete, Lluis Miquel Campos. «El informe policial está hecho en base a unas fotocopias» que, ha insinuado, pueden estar manipuladas.

Ha precisado que las elecciones municipales de 2007 recibieron una subvención pública de 400.000 euros y que tienen facturas de en qué se invirtieron, mientras que no guardan las de otros servicios de Crespo Gomar al acabar la campaña «porque la ley no obligaba a guardarlas al no ser costeadas con subvención pública».

La relación con Crespo Gomar, ha señalado, acabó con el «pago final», en 2009 y 2010 y mediante transferencias bancarias, de 120.000 euros que se costearon con un crédito comercial basado en una rehipoteca de la sede del partido por valor de 90.000 euros, por servicios como la campaña con una avioneta denominada «Adéu PP», fuera de la contabilidad electoral.

Morera ha indicado, además, que su formación concurrió a las elecciones en coalición con EUPV y que era este último el administrador de campaña . La información, ha precisado, se entregó al Tribunal de Cuentas y es pública. «Si hubo requerimientos por parte del Tribunal, fueron subsanados», ha añadido.

Por su parte, el diputado popular José Císcar, quien interpuso la denuncia ante la Policía, ha comentado que, si no fuera porque el delito electoral ha prescrito, «en un 95 %» la investigación sobre la financiación electoral del PSPV y Bloc en 2007 y 2008 «acabaría con alguien en el banquillo, porque es muy evidente».

Ha relatado que en julio de 2016 el periódico ABC contactó con el PP porque había recibido de forma anónima documentación que podría estar relacionada con la financiación ilegal del PSPV y Bloc, consistente en fotocopias de correos electrónicos, de facturas y de hojas de contabilidad, por si les podían aportar más datos.

Este periódico trasladó los papeles tal como los recibió en su redacción en un sobre sin remitente y sin manipular ninguno de ellos . Al no poder contrastar la veracidad de los hechos que se describían, en ese momento ABC decidió no informar acerca de su contenido. Tras año y medio de instrucción judicial, en marzo de 2018, este diario publicó la primera información relacionada con la causa , que la magistrada de Instrucción 21 de Valencia remitió a otros cuatro juzgados.

Según ha relatado Císcar, en julio de 2016 el PP pidió una copia y rastreando en Internet averiguó que los actos de partidos que figuraban allí se habían producido y que aparecían nombres como la empresa Crespo Gomar y su apoderada Lucía Pascual, lo que les permitió «situar el epicentro de todo en Gandia» y dar cierta «verosimilitud» a la documentación.

Ha añadido que el 22 de noviembre de 2016 acudió a la Jefatura Superior de Policía de València en calidad de coordinador general del grupo popular de Las Cortes a entregar la documentación, mediante una comparecencia «totalmente aséptica» y de «folio y medio», sin valoraciones jurídicas.

Císcar ha precisado que el 5 de diciembre un primer informe policial estableció correlaciones entre las facturas de Crespo Gomar a empresas privadas y los trabajos de esa mercantil al PSPV y Bloc, y apuntó «cuál habría sido el modus operandi para la presunta financiación ilegal» de esos partidos, con lo que todo pasó «de verosímil a probable».

Ha añadido que un segundo informe policial del 20 de enero de 2017 cruzó la documentación aportada con la información fiscal facilitada por distintas empresas a la Agencia Tributaria en 2007 y 2008 y encontró «coincidencias», con lo que parecía «probable» pasó a parecer «veraz», ha aseverado Císcar.

El diputado del PP ha asegurado que si hubieran tenido antes la documentación la hubieran llevado antes al juzgado, y que «lo único que quería es que se investigara de manera objetiva» una documentación de la que era consciente de que eran fotocopias con datos borrados en algunos casos, como expuso en su denuncia.

También ha defendido la necesidad de que comparezcan más trabajadores de Crespo Gomar, como ha aprobado hoy la comisión, pues según testimonios de estos ante la UDEF esa mercantil facturó en 2007 a empresas que no habían sido clientes y que figuran en las hojas de contabilidad aportadas por el PP, donde las cifras «coinciden hasta en los céntimos» .