Mónica Oltra oficializa su cambio de versión ante el TSJ y niega que ordenara investigar los abusos de su ex

En su exposición razonada elevada a la Sala de lo Civil y lo Penal -cuyos magistrados deben decidir si imputan a Oltra por ser aforada y si asumen toda la causa- el juez instructor Vicente Ríos indicó «como hipótesis más razonable» que la consellera habló con una de sus subordinadas -la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, Gemma Plaza- para «ordenarle que abriera un expediente informativo » cuyo objetivo era crear una investigación paralela a la judicial, cuando el caso ya estaba en los tirbunales, para desacreditar a la menor.

La apertura de ese expediente, que el fallo de la Audiencia de Valencia que condenó a Luis Ramírez Icardi -educador en la residencia en la que vivía la víctima- a cinco años de prisión -a la espera del recurso en el Supremo- ya cuestionaba, es uno de los puntos claves de todo este procedimiento. «Ninguna de las dos premisas son ciertas, ni están acreditadas, por lo que consideramos que son meras elucubraciones », señalan los abogados de Oltra en el recurso al que ha tenido acceso ABC , al entender que el magistrado llega a una conclusión «errónea y especulativa» que «contradice el resultado de la instrucción practicada».

El pasado 7 de marzo, preguntada por los periodistas, la propia Oltra aseveró que había sido ella quien había encargado ese documento -que se denominó «Información Reservada 1/2017»- para conocer qué había fallado, por qué su departamento no tenía constancia de lo ocurrido y qué actuaciones se habían realizado para proteger a la víctima. «(…) ese informe, el expediente lo encargué yo, dejen a la gente en paz…», subrayó. «Yo encargué el expediente informativo porque necesitaba saber qué había pasado, se lo dije a la directora general y la directora general dijo: «Oiga averígüese aquí que ha pasado» .

El juez solicitó entonces la copia de las declaraciones de la dirigente de Compromís a uno de los medios presentes en el acto para incluirlas en el sumario. Pocos días después, durante sus comparecencias como imputadas en sede judicial, tanto la directora como la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero y la citada Gemma Plaza, negaron taxativamente que Oltra hubiera dado cualquier directriz . Ambas defendieron que actuaron por su cuenta cuando tuvieron conocimiento de los hechos por parte de la dirección territorial el 8 de agosto, cuatro días después de que la vicepresidenta hubiera recibido en su casa una notificación judicial con la orden de alejamiento del agresor sobre la víctima.

Sin embargo, más tarde -el 25 del mismo mes, en la rueda de prensa habitual tras la reunión semanal del Consell- se desdijo y se alineó con la versión ofrecida ante el mismo juez por sus subordinadas: «Yo no hice una expresión literal a la directora general en el sentido concreto y literal de abrir un expediente informativo, por tanto, yo no ordené... ábrase un expediente informativo, ni tan siquiera hablé con la directora general en aquellos días». Incidió, además, en que sus primeras palabras se enmarcaban dentro de «un ámbito de declaración política de apoyo» a los trabajadores de Igualdad «en respuesta a una cacería de la extrema derecha».

En ese sentido, justifican ahora también sus letrados, la portavoz del Gobierno de Ximo Puig realizó en un primer momento «unas declaraciones claramente condicionadas por la sensación de injusticia e impotencia que sentía al pensar que esa imputación no era más que la instrumentalización penal que estaba conllevando poner en tela de juicio la profesionalidad de todas las funcionarias y funcionarios de la consellería que habían tenido intervención, así como de los distintos profesionales intervinientes».

«Ningún funcionario de la Generalitat, ni trabajadores de entidades colaboradoras recibieron orden, sugerencia, indicación o consigna, ni directa ni indirectamente , por parte de doña Mónica Oltra para que se actuara de una u otra forma y en concreto para que aperturase un expediente informativo o para que ocultase datos de la investigación o perjudicase de alguna forma a la menor», reza el escrito en referencia al polémico informe exculpatorio, que motivó que el juicio contra Icardi se repitiera parcialmente al no haberse incluido el documento, pese a que Igualdad lo envió a la Fiscalía.

El escrito recoge también que «la apertura del expediente informativo, que no disciplinario, entra dentro de las atribuciones de la Administración». Del mismo modo, sostiene que no hay « indicios objetivos de criminalidad que justifiquen la apertura de un proceso penal» ni «consta la existencia de ningún hecho que justifique que se realizaron actuaciones encaminadas a encubrir los hechos denunciados por la menor y en perjuicio de ésta». Tampoco «se concretan», dicen, los delitos presuntamente cometidos.

Oltra está personada en el caso como «interesada» desde que el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia -que ya investiga a trece cargos y funcionarios de su conselleria- solicitara su imputación al TSJ por ser aforada. La Fiscalía ha dado vía libre a esa petición , que se espera que se resuelva en pocas semanas. La causa tiene su origen en una denuncia de la víctima -representada por el abogado José Luis Roberto, líder de España 2000- y una querella paralela de la asociación Gobierna-te, presidida por la cofundadora de Vox Cristina Seguí. La formación de Santiago Abascal también ejerce la acusación popular.

En medio de la polémica, de las peticiones de cese de la oposición y del malestar de sus socios en el Ejecutivo autonómico , la vicepresidenta se encuentra de viaje oficial a Milán , donde visita este martes con el conseller de Economía, Rafa Climent, el Salón Internacional del Mueble.

Respecto a ese cambio de versión se ha pronunciado la síndica de Compromís en las Cortes Valencianas, Papi Robles, que ha mostrado su respeto hacia los procesos judiciales y la estrategia de defensa de Oltra, al tiempo que ha recordado que confían en su gestión y tiene el apoyo de su partido. Robles ha insistido, asimismo ,en que en Compromís están tranquilos y tienen «confianza plena» en que el TSJ acabe archivando el procedimiento.

Preguntada por los periodistas sobre qué versión creen de las dos ofrecidas por la vicepresidenta, la portavoz de la coalición ha señalado que «la que creemos es la de que la Administración está intentando garantizar a la ciudadanía todos sus derechos en todo momento». «Entendemos el contexto en el que se dan esas declaraciones. Ella las ha aclarado y, por tanto, confiamos en su palabras », ha añadido.