El juez procesa por blanqueo al PP de Valencia y a los concejales de Rita Barberá

El juez considera que recibieron dinero negro por parte de algunos responsables del PP -mil euros cada uno de ellos- y lo blanquearon mediante transferencias bancarias en la cuenta de la propia formación para sufragar la campaña de estos comicios, en una maniobra ilícita conocida como ' pitufeo' . De hecho, el magistrado también acuerda procesar al Partido Popular como persona jurídica .

La investigación revela de un «modo diáfano» que entre 2006 y 2009, el PP de la ciudad de Valencia «ingresó y destino a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos muy superior a la establecida legalmente y muy especialmente en la campaña del 2007».

Del auto, consultado por ABC , se entiende que esa actividad articulada «exclusivamente» en el ámbito local de la formación -que «se confudía plenamente» con la labor política y económica de los populares en el consistorio- era «opaca, aparentemente a la estructura nacional» del partido y «fue llevada a cabo por pocas personas en el círculo más estrecho de confianza de la entonces alcaldesa».

En concreto, el instructor señala al exvicealcalde de Valencia y número dos de Rita Barberá, Alfonso Grau -en prisión provisional por el 'caso Azud'-, como el «recaudador de recursos económicos sustraídos a la regularidad y transparencia contable», mientras la entonces secretaria del grupo municipal Mari Carmen García-Fuster , era la encargada de administrar ese dinero.

El magistrado ve indicios de malversación de caudales públicos y cohecho impropio en la actuación de Grau durante la campaña municipal de 2007 , mientras en el caso de 2011 , la conducta del exvicealcalde presenta indicios de cohecho pasivo impropio y de blanqueo de capitales, delito del que también sería responsable García-Fuster.

En 2015 , esas sospechas se amplían a medio centenar de personas relacionadas con el PP -excepto una de las asesoras que devolvió el dinero recibido- e incluso al propio partido.

Por otra parte, el instructor ha decretado el sobreseimiento libre de las actuaciones contra dos antiguos ediles, María José Alcón y Emilio del Toro, al haber fallecido durante la instrucción, y el sobreseimiento provisional y parcial de las mismas en relación a otros cinco investigados. Además, sobresee la causa por malversación a la exconcejal popular Beatriz Simón.

Del mismo modo, ha determinado la reapertura de la investigación seguida por estos hechos contra otro investigado que era diputado autonómico Miguel Domínguez y, por tanto, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El juez da veinte días a la Fiscalía y a las acusaciones populares personadas en esta pieza del ‘caso Taula’ para que soliciten el sobreseimiento de las diligencias o la apertura de juicio oral .