Un juez investiga sobornos a funcionarios autonómicos para obtener recalificaciones

La Vallesa es una de las tres zonas boscosas que integran el Parque Natural del Turia. Es la más extensa y la más valiosa de este paraje, localizado a apenas 12 kilómetros de Valencia.

Los cinco hermanos Gómez-Trenor-Aguilar, emparentados con el conde de Trénor, son propietarios de más de 452 hectáreas, lo que representa cerca del 50% de la superficie y han interpuesto al menos cinco recursos ante el Tribunal Superior de Justicia contra los decretos del Consell por los que se aprobó el Parque Natural del Turia y el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del mismo. El Alto Tribunal desestimó un recurso pero aún no ha resuelto los demás.

Los presuntos sobornos ahora investigados se remontan al año 2005. Meses después, ya en 2006, trascendió el proyecto de la Generalitat para proteger La Vallesa: el plan del Consell pasaba por convertir el 60 por ciento de la superficie forestal en suelo urbanizable. Se recalificaba la mitad de la superficie, unas 330 hectáreas, con objeto de compensar a los propietarios, que cederían la otra mitad del terreno para que fuera público. De esta forma, la Administración se haría con un bosque de 3,5 millones de metros cuadrados en el centro de La Vallesa, situada en el término de Paterna, aunque la protección se extendía a otras zonas.

La fuerte oposición de los municipios afectados -de muy distinto signo político-, de los vecinos, asociaciones y ecologistas abortó el proyecto de la Generalitat. La Conselleria dio marcha atrás; en abril de 2006 renunció a recalificar La Vallesa y eligió extender la protección a todo el territorio. Se apostó entonces por una fórmula nueva para la adquisición de los terrenos: los constructores beneficiados con planes urbanísticos o recalificaciones en otras zonas, deberían adquirir suelo del parque y donarlo a la Administración. En 2007 nació el Parque Nacional del Turia, integrado por tres zonas boscosas: La Vallesa, La Cañada y La Pea.

«Cantidades sustanciosas»

La investigación judicial se centra en la fase previa, cuando el proyecto se estaba tramitando y contemplaba recalificaciones. El instructor investiga los pagos que habrían recibido determinados funcionarios por parte de algunos empresarios para modificar la reserva de suelo y el porcentaje de edificabilidad que la Administración pretendía asignar a la superficie urbanizable.

La causa se inició hace meses y, según fuentes de la investigación, hay cinco personas imputadas por un presunto delito de cohecho. Son «la parte activa del cohecho». Querían una normativa que les permitiera construir hoteles en este paraje, considerado el pulmón verde de Valencia.

A principios del pasado mes de mayo, dos de esos empresarios fueron detenidos por la Policía. Tras prestar declaración durante toda la tarde en el juzgado de guardia -el mismo que ya instruía la investigación con anterioridad- fueron puesto en libertad con cargos.

Los sobornos por el caso de La Vallesa no son, según fuentes judiciales, un hecho aislado entre los funcionarios del departamento. Las diligencias practicadas en el marco de esta investigación han sacado a la luz otros pagos a empleados públicos del área. Tanto la Agencia Tributaria como la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional -UDEF- han detectado movimientos de dinero relacionados con la tramitación de otros proyectos urbanísticos que nada tienen que ver con La Vallesa y con las cinco personas imputadas. Habrían percibido, según los datos de los investigadores, «cantidades sustanciosas». Las presuntas irregularidades salpican a funcionarios de distintos niveles y, según fuentes del caso, estarían disociados de la esfera política de la Conselleria si bien en áreas de cierta responsabilidad. Hasta la fecha, ha prestado declaración el que fuera director general de Ordenación y Planificación del Territorio en 2005. Compareció ante el juez instructor en calidad de testigo.

Casos puntuales

En un primer momento, se pensó en la existencia de una trama organizada de cobro de comisiones ilegales a cambio de favores administrativos, hipótesis finalmente descartada. La investigación en esos otros casos se centra en empresarios de Alicante y Castellón, que también habrían pagado para doblegar la voluntad de los funcionarios y conseguir de ellos recalificaciones de terrenos y agilidad en la tramitación de las licencias de sus proyectos. La aparente falta de conexión entre unos casos y otros ha abierto la puerta a que la investigación se desmembre y se instruya por juzgados distintos.

Las diligencias se han llevado con sumo sigilo para evitar la destrucción de pruebas. El caso ha estado declarado secreto de sumario hasta hace muy pocos días, cuando el juez resolvió levantar esta cautela.