Joan Ribó se escuda ante el juez en un informe del secretario municipal: «No tengo formación jurídica»

La denuncia que ha llevado Ribó a convertirse en el primer alcalde de la historia de Valencia que declara en calidad de investigado ante un juez fue interpuesta por el asesor del grupo municipal del PP Luis Salom por negarle durante más de doscientos días el expediente administrativo relativo a la encuesta sobre la percepción social del colectivo fallero realizada en 2017 , en la que el Ayuntamiento preguntó a los falleros sobre su ideología política, su orientación identitaria o sus creencias religiosas.

Sobre el retraso en la entrega del expediente, Ribó ha alegado que se trata de «algo previsto por el reglamento del pleno y avalado por informe del secretario». Al respecto, ha sostenido que el informe del secretario «da validez jurídica a las decisiones del alcalde y los concejales». Al respecto, en su declaración el alcalde de Valencia ha explicado que se «asegura siempre de la validez jurídica de sus decisiones» ya que «no tiene formación jurídica».

A preguntas del fiscal, Ribó ha explicado que el denunciante, Luis Salom (imputado en el conocido como caso Taula), «ha tenido otras iniciativas frente al Ayuntamiento, de lo más variopinto» y ha recordado las presentadas «contra los concejales delegados de Deportes y de Cultura Festiva».

A la salida de la Ciudad de la Justicia, Ribó ha insistido en que ni piensa dimitir ni lo ha hecho «en ningún momento», ya que se trata de «una denuncia política para intentar demostrar que todos somos iguales» .

Por su parte, el abogado del PP, Jorgé Carbó , ha insistido en que se negó información para impedir a la formación hacer una labor de oposición "eficiente", y ha opinado que si el juez instructor considerara que es un asunto administrativo y no penal hubiera rechazado la denuncia.

El alcalde ha afirmado que está tranquilo, pues lo que firmó llevaba el aval y los argumentos jurídicos del secretario del Ayuntamiento , y ha resaltado que los secretarios del Consistorio "son los responsables de dar validez jurídica a las decisiones de alcalde y de los ediles", y son los mismos que cuando gobernaba el PP.