La imputación de Oltra aboca a una grave crisis al Gobierno de Ximo Puig

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A menos de un año de las elecciones autonómicas, el Ejecutivo que forman el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos se ha topado de bruces con la actuación de la Justicia . De hecho, a la citación de su vicepresidenta y portavoz como investigada por parte del Tribunal Superior de Justicia se suman la imputación de Francis Puig, hermano del presidente autonómico, en el marco de una causa por presunto fraude en el cobro de subvenciones de la Generalitat, y el llamado caso Azud, en el que la juez apunta a una posible financiación irregular de los socialistas valencianos en la campaña de los comicios de 2007.

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En este contexto y con las encuestas apuntando hacia un empate entre los bloques de izquierdas y de derechas ante las elecciones previstas para mayo del próximo año, Ximo Puig afronta la recta final de la legislatura manteniendo en sus cargos de vicepresidenta, consejera de Igualdad y portavoz a su socia de Compromís Mónica Oltra.

Las consecuencias del delicado horizonte judicial de la dirigente valencina van más allá de la política local, toda vez que su nombre va íntimamente ligado al de la iniciativa de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz de aglutinar a las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE bajo el paraguas de la plataforma bautizada como «Sumar» . Al respecto, frente a la gravedad de los hechos que la Fiscalía atribuye a Mónica Oltra (prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos), ni la ministra de Trabajo ni el resto de referentes de su espectro ideológico como Ione Bellara , Irene Montero o Íñigo Errejón han dicho está boca es mía en defensa de la niña de 14 años víctima de los abusos sexuales (juzgados, probados y condenados por un tribunal) del que fuera marido de Mónica Oltra, cometidos entre 2016 y 2017.

En este último año se enmarca la investigación sobre la presunta ocultació n de estos hechos por parte de la Generalitat, que ha desembocado en un auto en el que la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ valenciano se declara competente para asumir toda la causa, con trece imputados entre funcionarios y cargos de la Consejería de Igualdad que dirige Oltra, al considerar que existe en este momento en todos ellos «una conexidad inescindible» . Del mismo modo, ha llamado a declarar a la vicepresidenta autonómica como investigada el próximo 6 de julio . El escrito, notificado a las partes ayer, sostiene que la exposición razonada del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia relata «una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja, el señor Luis Ramírez Icardi, o bien proteger la carrera política de la aforada». «Lo trascendente es la pantalla dispuesta con el fin de evitar contribuir a la debida investigación de los hechos y proteger como era su deber a la menor , evitando la victimización secundaria que ha provocado el tratamiento que se dio a su denuncia», detalla la Sala en su escrito.

Pese a que «no existe prueba directa» , añaden los magistrados, sí hay «una serie de declaraciones públicas» de la portavoz del Gobierno de Ximo Puig en las que se atribuye la orden verbal de abrir un expediente «reservado» , que se utilizó –según el instructor– para desacreditar a la víctima . Aunque ahora se desvincule de esas afirmaciones, explican, «no por ello deja de ser un elemento a considerar». De hecho, el polémico informe es el núcleo de todo este procedimiento, pues exculpaba al agresor y se empezó cuando un juez ya había dictado una orden de alejamiento entre la menor y el condenado.

Del mismo modo, califican como «increíble» que algunos de los imputados aseguraran que conocieron el parentesco de Oltra con el agresor por la prensa, cuando la consellera comunicó «tanto oralmente como por escrito» su relación con Luis Ramírez Icardi al inicio del mandato. Argumenta la Sala que incluso la menor conocía de este parentesco cuando denunció los hechos en junio –después de que no se diera credibilidad a su relato desde febrero– ante dos policías. Fue ese el detonante que trasladó el caso, que se mantenía dentro de la esfera de la consejería, al ámbito judicial. Esta circunstancia, asevera el auto, «hace sospechar igualmente que en contra de lo afirmado», Mónica Oltra « conoció estos hechos desde el principio , bien por comunicación de alguno de sus subordinados, bien por sencillamente comentárselo su marido, con quien no olvidemos en esos momentos convivía». Ella ha insistido siempre en que no supo de lo ocurrido hasta que llegó a su casa, el 4 de agosto, una notificación judicial. El TSJ entiende por tanto que resulta procedente incoar diligencias previas , de las que será instructor el ponente de esta resolución, el magistrado Antonio Ferrer, «con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar».