El Gobierno valenciano se limita a pedir a Hacienda medidas compensatorias al IVA que adeuda

La tibieza, lógicamente, es una actitud que los líderes del Consell rechazan que les defina, y prefieren hablar de realismo. Sin embargo, ese realismo parece que no se encontraba en el imaginario en enero de 2016, cuando la Generalitat planteaba ante el Tribunal Constitucional un recurso a los Presupuestos Generales del Estado de ese año que fue tumbado cuatro meses más tarde.

La vía judicial fue la elegida, pero los tiempos han cambiado y ahora es el PSOE el que gobierna en Madrid, de modo que se decantan por ceñirse a la política.

Tanto Ximo Puig como Mónica Oltra han remarcado este mismo viernes que a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se va con la exigencia de un cambio del sistema de financiación por encima del conflicto con el IVA, ya que ese «no es el problema» . «Para nosotros», ha proseguido Puig, «es un hecho más» porque el pago del impuesto «no es la solución» a la situación económica valenciana.

La petición se limitará a que existan medidas paliativas transitorias . Por ejemplo, señalan desde el Ejecutivo autonómico, que el déficit de los 281 millones no compute a incumplimiento y que el Ministerio compense parte de esa deuda.

Contrasta ese giro tanto en el tono como en el fondo . En el tono deja de ser novedoso, puesto que éste se ha venido rebajando cada vez más en comparación con el de la época del PP. Y en el fondo porque la propia Oltra aseguró hace escasas semanas en rueda de prensa que exigirían la devolución del IVA «por tierra, mar y aire» al ser algo que correspondía a los valencianos.

Esta argumentación se encuentra igualmente presente en la iniciativa impulsada por PSPV, Compromís y Unides Podem en las Cortes Valencianas. En ella, pedían a la Generalitat que instara al Gobierno central a que la devolución del IVA se incluyera en los próximos Presupuestos Generales del Estado (al igual que se incorporó a los anteriores, los cuales no salieron adelante).

La propuesta también contempla una reforma inmediata del sistema de financiación, un reparto de inversiones y una ejecución que se ajuste a una programación racional que acabe con el déficit inversor en la Comunidad Valenciana o el reconocimiento de la deuda histórica.