El exconseller Rafael Blasco comparece en las Cortes Valencianas desde la cárcel de Picassent

Vestido con americana y sin corbata, Blasco se ha expresado en estos términos por videoconferencia desde la cárcel de Picassent (Valencia) -- donde se encuentra cumpliendo pena por el llamado caso Cooperación --, en la comisión de investigación de las Corts Valencianes que estudia el proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para las persones dependientes en los centros del grupo Savia.

El exconseller ha recordado que fue titular de Bienestar Social entre mediados de 2000 y de 2003 y q ue en este tiempo no tuvo "ninguna relación" con la empresa Savia.

Asimismo, a preguntas de los diputados ha hecho hincapié en que "ni en esta ocasión ni en ninguna nunca ninguna persona me ha ofrecido contraprestación de carácter económico o material". "Nunca ha recibido la más mínima insinuación ni espiritual ni material sobre este particular", ha apostillado.

Ha destacado que para el diseño de este nuevo modelo hubo "reuniones abiertas" con todos los agentes vinculados al sector de forma directa e indirecta, como partidos políticos, sindicatos y operadores del sector, algunos de los cuales, ha añadido, hicieron aportaciones que mejoraron el proyecto.

El que fuera conseller de Bienestar Social entre 2000 y 2003, ha asegurado que el resultado fue un modelo "novedoso" sin coste para la administración y "un éxito de política social" pues permitió solucionar "el déficit crónico y bastante escandaloso" de plazas residenciales que padecía la Comunitat Valenciana.

Ha insistido en que el concurso, al que se presentaron una veintena de empresas, se hizo por "procedimiento ordinario y con absoluta transparencia" , y prueba de ello es, a su juicio, que tras la publicación de la resolución de adjudicación del mismo, en junio de 2001, "nadie recurrió".

Sobre la modificación de las cláusulas para concertar el 100 % de las plazas residenciales, tres meses después de adjudicarse el concurso, que solo permitía concertar un tercio de las mismas, Blasco ha dicho no tener constancia de cómo se hizo pero imagina que se cumplieron todos los requisitos legales.

Ha afirmado no recordarlo "muy bien", pero está convencido de que la cláusula de exclusividad "se colocaría en su momento porque la inversión que se requería por parte de los operadores sociales era de tal envergadura que había que poner algunas cláusulas que pudieran facilitar lo que representó en la práctica".

La diputada socialista Concha Andrés y la de Compromís Mónica Álvaro han denunciado los incumplimientos por parte de algunas empresas adjudicatarias, como retrasos en la obtención del suelo, cambios de suelo o presiones a los ayuntamientos para la cesión de terrenos.

Andrés ha acusado a Blasco de haber puesto la atención de las personas mayores en manos de empresas constructoras, vinculadas a cargos del PP, y ha advertido de que al concurso solo se presentó una empresa relacionada con el sector , mientras que Álvaro ha calificado de "fraude" el proyecto.

Blasco, quien ha asegurado que en ese momento tenía las competencias de contratación delegadas , ha considerado que los posibles incumplimientos de plazos se resolverían por los trámites correspondientes, y ha afirmado que si alguien tiene pruebas de fraude, abra la vía para exigir responsabilidades penales.

Asimismo, ha señalado que al concurso se presentaron aquellas empresas que "tenían la capacidad para afrontar el mayor reto de política social dedicada a plazas residenciales que se ha dado nunca en la Comunitat Valenciana".

Blasco ha negado, a preguntas del diputado de Podemos César Jiménez, haber recibido, ni en esta ocasión ni en otras, contraprestaciones "ni económicas ni materiales " ni siquiera, ha añadido, "la más mínima insinuación", en relación con su gestión en las diferentes consellerias por las que ha pasado.

Ha negado también haber presionado "nunca a nadie" para que tomara una decisión de un tipo u otro, y mucho menos, ha precisado, a un ayuntamiento, "que tiene la autonomía municipal muy arraigada en su funcionamiento y tiene capacidad propia para no dejarse presionar por parte de nadie".

Asimismo, ha dicho no haber hablado con el exalcalde de Xàtiva y expresidente del la Diputación de Valencia y del PP de la provincia, Alfonso Rus, sobre la residencia de Xàtiva, y desconocer la adjudicación de una segunda residencia en El Puig a la empresa Gerocentros del Mediterráneo, vinculada la familia de Juan Cotino.