El «cáncer» extendido por la Diputación de Valencia que detectó la Udef

El responsable de la corporación provincial, Jorge Rodríguez , fue detenido ayer por la mañana en la denominada «Operación Alquería» llevada a cabo por agentes de la Udef de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Unidad de Ciberdelincuencia, y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. Durante la jornada se practicaron varios registros en distintas viviendas y en el Ayuntamiento de Ontinyent -del que es alcalde-, además de en la Diputación y en las sedes de Divalterra.

Junto a él fueron arrestadas otras cinco personas de su círculo de confianza por la gestión de varias contrataciones de alta dirección en la empresa pública Divalterra en el marco de una causa secreta abierta por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, si bien en su vertiente de administración desleal.

El resto de detenidos son los cogerentes de Divalterra Agustina Brines (de Compromís) y Xavier Simó (del PSPV); el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda; y dos asesores de la Diputación, entre ellos el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego. Todos ellos pasado la noche en los calabozos de la comisaría de Zapadores y entre este jueves y el viernes se espera que pasen a disposición judicial .

A su llegada al poder tras las pasadas elecciones autonómicas, los socialistas y la coalición trataron de realizar un lavado de imagen de la empresa pública, denominada anteriormente Imelsa y foco de múltiples causas judiciales por corrupción durante la época del PP. Una de ellas, el conocido como caso Taula destapado por el exgerente Marcos Benavent y que se instruye desde principios de 2016 por posibles mordidas a través de contratos públicos.

Divalterra, sin embargo, parece haber seguido con la mancha en su trayectoria y, una vez más, ha dado con los tribunales pese al cambio de siglas. Las sospechas se centrarían, según fuentes conocedoras de la investigación, en siete nombramientos con contratos de personal de alta dirección creados de forma ficticia y arbitraria en 2015 -aunque anulados hace dos meses- y en los que se habría colocado a personas afines a los partidos políticos .

El coste total de cada uno de esos contratos era de 50.000 euros anuales más gastos de desplazamiento, lo cual habría supuesto un importante perjuicio para las arcas públicas , sobre todo teniendo en cuenta que esos cargos no respondían a una necesidad de esa empresa pública. Además, algunas fuentes apuntan a que una de las líneas de la causa podría ser el desvío de ese dinero público a las formaciones implicadas en este turbio asunto, aunque esas sospechas solo se podrán confirmar o desvirtuar con el análisis de la abundante documentación intervenida.

Este mecanismo, que llega a ser calificado por los investigadores como un auténtico «cáncer» que se ha extendido por la Diputación , planteó dudas desde un primer momento al no someterse a los principios de igualdad, mérito y capacidad que rige el Estatuto Básico del Empleado Público. Incluso Compromís llegó a admitir que podría no haberse hecho correctamente.

El PP presentó una denuncia en 2016 con multitud de hechos que tenían lugar en la Corporación, entre ellos fraccionamiento y duplicidad de contratos, pagos de dietas o, precisamente, contrataciones a dedo. Aunque se archivó, un grupo de trabajadores de Divalterra usó la base de este escrito para registrar una nueva denuncia, la cual habría dado origen a la investigación. Ya en abril de 2018, Ciudadanos se sumó a la vía judicial y presentó otra ante Fiscalía Anticorrupción, la cual incorporó la documentación a las diligencias ya en curso. En ella valoraban que se producía un «absoluto desprecio al derecho y consiguiente sustracción y malversación de los fondos públicos y desviación del destino de los mismos».

Las contrataciones llegaron a tener doce informes jurídicos en contra -tanto de despachos externos como de los servicios de la casa- hasta que obtuvo uno favorable por parte de uno de los detenidos. Pese a que aconsejaban convocar las plazas con concurrencia pública, en ningún momento se corrigió por parte de Rodríguez , algo que se censuró reiteradamente por pate del PP.

Otro episodio destacado fue la personación hace aproximadamente dos años de la Intervención General del Estado en Divalterra por una serie de sospechas en las ayudas europeas. Aunque al parecer quedó justificado, indagaron en los pagos de dietas a altos cargos, entre otras cuestiones.

Fuentes de la investigación consultadas por ABC mostraron su sorpresa por el hecho de que las práctias corruptas se instalaran en la Diputación a pesar de que la misma ya había sido objeto de investigaciones en anteriores etapas. «Si alguien pensaba que se iba a mirar a otro lado se equivocaba», explican esas mismas fuentes, que añadieron que es posible que hoy continúen los registros.

Aunque la causa se mantiene secreta y no existe concreción sobre existen más ramas con hechos posiblemente ilegales, se apunta a que uno de ellos podría ser la gestión de la tasa de basuras en el Ayuntamiento de Ontinyent.