La defensa se enfrenta a Tebas y pide la nulidad del juicio por el presunto amaño del Levante-Zaragoza

En esta vista inicial dedicada a las cuestiones previas, que ha arrancado con una hora de retraso, la defensa del Zaragoza – acusado como persona jurídica- ha pedido la nulidad del proceso porque considera que con la denuncia que propició la apertura de la causa, Javier Tebas , actual presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) traicionó el secreto profesional como abogado. Tebas reveló la información que le proporcionó como cliente uno de los jugadores del Zaragoza, cuya identidad no se aportó -acogiéndose a ese mismo secreto profesional- cuando este acudió a su despacho.

El letrado del club maño considera esta circunstancia «gravísima» desde el punto de vista del derecho de defensa, pues, a su juicio, no está acreditado que el cliente autorizara o diera su consentimiento a Tebas – en ese tiempo vicepresidente de la LPF- a publicar esa información. Ha añadido, además, que Tebas fue advertido del presunto amaño por el entonces presidente del Dépor, Augusto César Lendoiro , pero no presentó denuncia hasta unos meses más tarde, adjuntando el testimonio anónimo del deportista en cuestión uno.

A la solicitud de declarar nulo el proceso se han adherido el resto de defensas, que han hecho mucho hincapié en la información «ilícita» proporcionada por el presidente de la la Liga – incluso hablando de un «atentado contra la profesión de abogado»- y han considerado que la causa está «contaminada» por un procedimiento «irregular».

El abogado de la entidad también ha denunciado ante el juez que no han tenido acceso a toda la información del sumario, haciendo referencia a un pendrive aportado por el tribunal en el que no se adjuntaban algunas de las carpetas del caso.

Por su parte, el abogado de Agapito Iglesias , expresidente del Real Zaragoza -también acusado- ha puesto el foco en que su representado no ha tenido la oportunidad de defenderse en la fase de instrucción del delito de falsedad en documento mercantil que se le imputa porque, a su juicio, la acusación de la Liga y del Ministerio Fiscal está «mal planteada» y solo se le atribuía el delito de corrupción deportiva, por lo que se estaría vulnerando su derecho a la defensa. En cualquier caso, entienden que el de falsedad está prescrito, porqué han pasado más de cinco años.

A esta cuestión también se han sumado los letrados de los otros dos exdirectivos acusados, Francisco Checa y Javier Porquera, el exentrenador del equipo Javier Aguirre y el exdirector deportivo Antonio Prieto.

Tal y como estaba previsto, las defensas de todos los acusados han solicitado que se pueda eximir a sus representados de asistir a las sesiones del juicio -que se prolongará durante todo el mes- en las que no se requiera su intervención, por motivos personales, laborales o económicos. Del mismo modo, algunos piden que se les preste declaración esta misma semana, atendiendo a competiciones en curso en otros países – en el caso de jugadores de equipos internacionales- o incluso alegando una próxima paternidad.

La sesión se ha interrumpido y se reanudará a las 15.30h.

La versión de la Fiscalía Anticorrupción, el Deportivo de La Coruña y la propia Liga de Fútbol Profesional coincide en que el Zaragoza transfirió a sus jugadores 965.000 euros -según el escrito de acusación del fiscal al que ha tenido acceso ABC- y estos se lo dieron en efectivo a los granotas para que se dejasen perder y asegurasen al equipo maño la permanencia en Primera. Continuidad que se disputaba por tres puntos con el Dépor, que sí bajó de categoría ese año.

La Fiscalía Anticorrupción ha constatado como, en fechas idénticas y próximas al encuentro, los jugadores del Zaragoza realizaron dos reintegros en sucursales bancarias: uno de 50.000 y otro de alrededor de 40.000 euros. Además, en el escrito del fiscal se hace constar que el club maño, una vez finalizada la competición, se vio abocado a presentar concurso de acreedores por su mala situación económica, que se hubiera visto agravada si descendía a Segunda por la consiguiente disminución de ingresos.

Con todas esas sospechas, solicita penas de dos años de cárcel y seis de inhabilitación para la práctica profesional del deporte para cada uno de los 36 futbolistas procesados y de dos años de prisión y nueves meses de multa -con una cuota diaria de 50 euros- para los directivos. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) eleva la petición hasta los cuatro años de cárcel, la condena máxima prevista para delitos de corrupción deportiva.

Además, la LFP ha presentado ante el juzgado un informe estadístico con el número de jugadas y ocasiones perdidas, para sustentar su tesis de que aquel partido del 21 de mayo de 2011 fue amañado. En este demoledor documento, se constata, por ejemplo, que fue el partido con menos tiros a puerta por parte del Levante de toda la temporada, con dos intentos de marcar al equipo contrario.

Los jugadores y exjugadores acusados son, por parte de aquella plantilla del Zaragoza , Maurizio Lanzaro, Toni Doblas, Paulo da Silva, Ander Herrera, Gabi Fernández, Jorge López, Braulio, Ponzio, Carlos Diogo, Ivan Obradovic, Adam Pinter, Javier Paredes, Leo Franco, Jarosik, Ikechukwu Uche, Lafita, Nicolás Bertolo y Said Boutahar.

De los que formaban parte del Levante , son Miguel Pallardó, Gustavo Munúa, Rafael Jordá, Sergio Ballesteros, Juanfran García, Javi Venta, Rubén Suárez, Xavi Torres, Wellington da Silva, Jefferson Montero, Robusté, Manuel Reina, Caicedo, Cristian Stuani, Vicente Iborra, Héctor Rodas, Xisco Muñoz y David Cerrajería.