Condenan al PP a abonar 568.000 euros a Feria Valencia por el Congreso Nacional de 2008

La empresa alegaba la existencia de un contrato verbal con la formación política por el que esta se comprometía a abonarle más de medio millón de euros por la cesión de las instalaciones, si bien el PP se defendió argumentando que no se había celebrado el referido contrato ni se había pactado precio alguno. Además, señaló que en todo caso la acción de reclamación estaba prescrita .

También argumentó que el abono por el uso del recinto y los suministros necesarios para llevar a cabo el congreso, -entre otros, los gastos de limpieza, médicos, de seguridad o logísticos-, quedaban saldados con la publicidad que obtenía Feria de Valencia por celebrase en sus instalaciones la convención.

La magistrada, sin embargo, ha tumbado sus argumentos al considerar acreditado que existió un contrato verbal entre las partes, sin que sea necesaria su formalización por escrito, en el que estas establecieron las condiciones del uso del recinto ferial. En cuanto a la prescripción de la acción de reclamación, señala que el plazo para su ejercicio había quedado interrumpido por la reclamación extrajudicial que Feria de Valencia le había dirigido a la formación el 11 de septiembre de 2008 y el 20 de mayo de 2014.

«Resulta acreditado que: En el año 2008 doña Rita Barberá , alcaldesa de Valencia y presidenta del Patronato de Feria de Valencia, llamó por teléfono a don Alberto Catalá , Presidente de Feria de Valencia en aquel momento (…) También resulta sobradamente acreditado no sólo que el Congreso se celebró en el recinto de Feria de Valencia durante los días 20 a 22 junio, y que la demandada disfrutó de los suministros necesarios, servicio de limpieza, servicio médico, servicio de seguridad, los arcos de seguridad y las pantallas, que constan en la factura, sino que todos esos servicios y conceptos fueron aceptados de forma expresa por don Cristóbal Páez (que no ha desvirtuado las declaraciones de los testigos , debido a su incomparecencia) que fue la persona designada por el Partido Popular como interlocutor con el Departamento Técnico de Feria de Valencia», establece la sentencia.

Por tanto, el la formación política «está obligada a pagar por el espacio y los servicios que utilizó, sin que pueda aceptarse en ningún caso, tal y como sostiene, que la pretendida falta de concreción o de aceptación le permitan haber utilizado ese espacio y esos servicios sin pagar nada a cambio».

Cabe señalar que la referida sentencia no es firme, pues contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.