Compromís condiciona la negociación de los recortes a que el Consell eleve el tono contra Sánchez

Estas condiciones "son el paso previo a cualquier tipo de negociación sobre el presupuesto de la Generalitat Valenciana de 2019, que fue aprobado como norma con rango de ley por las Corts Valencianas, donde reside la soberanía del pueblo valenciano", han indicado desde la coalición, que incide en que "cualquier modificación en el presupuesto deberá ser consensuada previamente en el seno del Consell".

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, el socialista Vicent Soler, se ha reunido este martes con la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, primero, y con el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, con el objetivo de "asentar" un "criterio común" sobre la gestión del presupuesto de la Generalitat del último cuatrimestre del año y poner sobre la mesa una propuesta para poder realizar retenciones de crédito en todas aquellas partidas disponibles en cada conselleria.

Desde Compromís le han trasladado una propuesta para reivindicar ante el Gobierno de España en funciones los ingresos correspondientes a las entregas a cuenta del modelo de financiación del ejercicio 2019, pero actualizadas a la recaudación real y que se cifran en 450 millones . Además, se le ha comunicado la necesidad de que el Consell reclame el pago de la parte autonómica de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017 "que el Gobierno anterior se quedó" y que asciende a 280 millones de euros.

Otro de los asuntos tratados en la reunión --a la que además de la vicepresidenta ha asistido el conseller de Educación, Vicent Marzà-- y que también se le ha trasladado al conseller de Hacienda es que permita a las consellerias contratar al personal funcionario previsto en el Capítulo I del presupuesto de la Generalitat "para poder mejorar la eficacia en la prestación de los servicios públicos tal y como se merecen los valencianos".

Según han explicado las mismas fuentes, la Comunitat es la segunda autonomía con menos funcionarios por habitante y "se están dando casos en los que, por la falta de dos empleados públicos, no se pueden tramitar una serie de expedientes sancionadores que comportarían un ingreso a las arcas públicas de cerca de 12 millones de euros".

El conseller de Hacienda ha trasladado a sus socios que se seguirá trabajando para poder llegar a un acuerdo ante esta situación.