El juez rechaza el archivo del caso que piden dos ediles del PP a la espera que el TS decida sobre Barberá

De acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), todos ellos seguirán teniendo la condición de investigados (imputados según la terminología anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) en esta pieza separada del “Caso Imelsa”.

El instructor considera prematura la petición de sobreseimiento, solicitud a la que se había opuesto el fiscal; recuerda que la instrucción no está concluida y que faltan diligencias por practicar.

En su auto, el magistrado considera conveniente esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana respecto a los aforados Rita Barbera (exalcaldesa de Valencia) y Miguel Domínguez (exconcejal y diputado autonómico) para evitar pronunciamientos contradictorios.

Según consta en el auto, al que ha tenido acceso EFE, "pese a lo alegado, la instrucción no está concluida. Al margen de nuevas diligencias que puedan acordarse, está pendiente el análisis por la UCO de dispositivos móviles y documentación intervenida en la sede del grupo municipal, así como la contestación del PP acerca de la normativa o instrucciones de control interno relacionadas con el funcionamiento económico del grupo y la cuanta investigada".

También expone el juez que "si bien es cierto que no se ha hallado dinero en efectivo en poder de la principal investigada (e n alusión a la exsecretaria del grupo Carmen García-Fuster ), lo es igualmente que la cuenta investigada refleja en su devenir histórico la existencia de ingresos que no se justifican por las aportaciones mensuales de 60 euros de concejales y asesores, y sobre los que la principal investigada no ha querido dar explicaciones".

La resolución no es firme . Puede ser recurrida en reforma, ante el propio Juzgado; o en apelación, ante la Audiencia Provincial de Valencia.

Según las mismas fuentes, en esta pieza separada, con 47 personas imputadas, ( el PP también está imputado como persona jurídica ) se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas en vísperas de las elecciones municipales de 2015 por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

Hasta el momento, el “Caso Imelsa” se estructura en una pieza principal, en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana (Diputación, Ayuntamiento y Generalitat ) y en dos piezas separadas: la del blanqueo en el Consistorio valenciano y la de las contrataciones irregulares en Imelsa con 28 imputados.

En el “Caso Imelsa” hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.