La Comisión de Venecia reitera su recomendación de enmendar la Constitución para regular la amnistía

Tres meses después de que Pedro Rollán, presidente del Senado, pidiera a la Comisión de Venecia un análisis de la ley de amnistía española, los miembros de este órgano consultivo del Consejo de Europa, han publicado finalmente sus conclusiones. Veredicto que es muy crítico con los impulsores de la norma, que no cumple con varios de los requisitos exigidos recogidos en el documento.

El dictamen, al que ha tenido acceso ABC, señala que «un procedimiento de urgencia no es el adecuado para tramitar las leyes de amnistía dadas las grandes consecuencias que puede tener». De hecho, aunque reitera que no entrar a valorar su constitucionalidad -algo que corresponde hacer al Tribunal Constitucional- sí que recomienda que dada «la viva controversia que ha suscitado, sería preferible, llegado el momento, regular este asunto explícitamente mediante una enmienda constitucional». Una idea que ya aparecía en el borrador inicial y que Bolaños aseguraba el pasado viernes que había desaparecido en el dictamen, aunque realmente no es así.

Hace hincapié, el informe, en que el último texto de la ley excluía los actos de terrorismo que tenían que ver con la vulneración de los Derechos Humanos, pero subraya que, según consulta hecha a la Comisión Europea, no todos los actos excluídos están fuera de la Directiva Europea contra el Terrorismo.

En lo que sí da la razón la Comisión de Venecia al Gobierno es que las leyes de amnistía son admisibles en muchos Estados, incluso sin estar recogidas en su Constitución, aunque en este último caso se deberían adoptar por una mayoría «cualificada» para generar un gran consenso y contribuir a una convivencia que no es tal en España, donde los separatistas ya han anunciado su intención de perseguir ahora un referéndum de autodeterminación.

También señala la Comisión de Venecia que no hay, a priori, un «problema con la separación de poderes», pues se da a los jueces la potestad de decidir quién podría beneficiarse de la norma. El problema surge cuando esos jueces se encuentran bajo la lupa de los separatistas que la pasada semana en el Congreso ya advirtieron que no iban a permitir que esas decisiones fueran en contra de su criterio.

En ese sentido, el dictamen sí que advierte de que «para cumplir con los principios de separación de poderes y de independencia del poder judicial, las comisiones de investigación creadas por el Congreso Diputados no deberían tener el mandato de convocar, ni siquiera invitar a jueces a informarles sobre el fondo de los asuntos que hayan decidido».

El dictamen final recoge todas las alegaciones hechas por el Senado a través de su presidente, Pedro Rollán, y las contesta una por una, aclarando todas las dudas respecto a una ley que «ha provocado una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y en la sociedad de España», por lo que pide a las autoridades españolas iniciar un diálogo significativo.