El Colegio de la Abogacía de Madrid se opone a agruparse con otras acusaciones en la causa abierta al fiscal general

La corporación madrileña recuerda que cuando esta posibilidad se introdujo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se hizo pensando en macrocausas en las que hay decenas de acusaciones particulares y populares en un mismo proceso «con el fin de proteger los derechos de las víctimas del delito». No es el caso de este procedimiento en el que concurren, dice, cinco partes acusadoras: una acusación particular y cuatro populares, sin incluir al Ministerio Fiscal «por razones evidentes, dada la singular y exótica posición de defensa de su FGE)».

Recuerda el Colegio de la Abogacía que «representa los intereses generales de la profesión y a los derechos de defensa derivados, que han de cristalizar en un proceso justo». A ello se suma que ellos fueron la primera acusación popular en personarse, después de que lo hiciera la defensa de Alberto González Amador, acusación particular. «El elemento temporal es uno de los factores a tener en consideración para concluir que la situación procesal de mi representada debe mantenerse o, cuando menos, que de procederse a agrupaciones forzosas por parte del tribunal, esta primera acusación popular debe atraer a las posteriores».

Alude , además el Colegio, al importante papel que juega en «defensa de los intereses del derecho de defensa». «No se olvide que lo que está en juego en este proceso no solamente afecta al acusador particular sino a la Abogacía en su conjunto, pues los correos electrónicos filtrados a la prensa y la información difundida por el FGE en su nota de prensa y que configuran los presuntos delitos indiciariamente cristalizados, afectan a la esencia misma de la tarea de los profesionales de la Abogacía consistente en defender siempre los derechos e intereses del cliente, especialmente cuando lo que se persigue es alcanzar una sentencia penal de condena a través de la conformidad de la defensa con la acusación«.

Asimismo, recuerda que el secreto profesional y los principios de reserva y sigilo también se proyectan en la relación asimétrica abogado-Ministerio Fiscal. «Una quiebra en ello tiene indudables resonancias en el juicio justo. Es evidente que esto solamente puede lograrse con la salvaguarda absoluta del secreto de las actuaciones preprocesales -o diligencias de investigación del Ministerio Fiscal-, pues de lo contrario se dinamita la esencia misma de la conformidad en el proceso penal».

En la misma línea se ha pronunciado otra de las acusaciones populares, Fundación Foro Libertad y Alternativa, que considera que la agrupación de diferentes acusaciones debe aplicarse restrictivamente desde el momento en el que afecta al derecho fundamental de la defensa y asistencia letrada. «Su aplicación únicamente estaría justificada ante la evidencia de que otro derecho fundamental, como el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas puede verse igualmente afectado», dice.

A su juicio, la presencia de cuatro acusaciones populares está lejos de afectar al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas o al buen orden del proceso. Por ello se oponen a unirse en una sola.

No obstante, si el juez considerara que deben hacerlo, la fundación diferencia entre las que constituyen el Colegio de la Abogacía de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), a las que une, señala, «un interés corporativo», y las que desempeñan Manos Limpias y la propia fundación, con «un corte de interés general». Considera que en este último caso es la Fundación Foro Libertad y Alternativa la que debe aglutinar esa representación y defensa por personarse antes que Manos Limpias.