Reynders espera que el Gobierno dé el primer paso para desbloquear el CGPJ
Preocupación en la Comisión Europea ante lo enquistado de las relaciones entre PSOE y PP
Corresponsal en Bruselas
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Iniciar sesiónEl comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, espera que el Gobierno dé el primer paso en el cumplimiento de sus exigencias sobre la renovación y la reforma del Consejo General del Poder Judicial, según fuentes que conocen de cerca el asunto y ... que califican de «acuciante» el mensaje que dejó en Madrid el representante comunitario la semana pasada. Públicamente, Reynders puso una fecha límite para que este asunto se resuelva, el comienzo de la presidencia española el segundo semestre del año que viene, y ha puesto como amenaza que el tema aparezca en el informe anual de Estado de derecho como una falta grave y no solamente como una recomendación, como ha sucedido por primera vez en el de este año.
Los portavoces de la Comisión Europea no quieren entrar en una lectura específica del viaje de Reynders a Madrid y lo enmarcan dentro de la normalidad. «El comisario Reynders viajó a Madrid en el marco del ejercicio anual del Estado de derecho. Ya había visitado varios otros países en este contexto» y «durante esta visita, se reunió con varios actores diferentes, tanto del Gobierno como de otros partidos políticos». Pero las declaraciones en la capital de España del responsable de Justicia fueron lo bastante explícitas como para que se entendiese la gravedad de la situación.
El eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, que preside la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y tenía previsto haberse reunido este martes por la noche en Estrasburgo con el propio Reynders, cree que el comisario ha dado «un serio aviso al Gobierno y al principal partido de la oposición, que no se lo han tomado suficientemente en serio. No es normal que un comisario de Justicia trate este tipo de temas tan graves con un país miembro excepto en los casos de Polonia, Hungría y Eslovenia», lo que ha dejado a esos países en una situación políticamente muy incómoda dentro de las estructuras europeas.
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Por ahora también se entiende que Reynders no va a hacer más gestiones públicas, a la vista del revuelo que ha suscitado su viaje a España, por mucho que en Bruselas lo consideren como ordinario. El belga entiende que ha sido lo bastante claro en sus manifestaciones ante los responsables españoles al decir que es necesario tanto la renovación del actual Consejo General del Poder Judicial como la reforma del modo de elección de sus miembros para que al menos la mitad lo sean por parte de los propios jueces.
El Gobierno, por su parte, ha expresado tanto directamente como a través de sus simpatizantes el malestar que le ha producido la visita de Reynders y que se puede interpretar como un reproche implícito, una recriminación. Fuentes del Partido Popular entienden también que el comisario les ha «apretado de lo lindo» a ellos también para que favorezcan un desenlace rápido de este pulso. Pero la Comisión se relaciona solamente con los gobiernos de los países miembros y es natural que espere que el primer paso lo dé La Moncloa.
Confiado
Antes de volver a Bruselas, Reynders dijo que sus gestiones le habían dejado «confiado» en que la renovación del CGPJ sería pactada a corto plazo. Sin embargo, el representante del Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha aclarado que no le atrae la idea de reformar las reglas de elección del órgano de gobierno de los jueces porque el actual «funciona desde hace 35 años y debe ser defendido» a pesar de que se ha quedado fuera de los criterios habituales dentro de la Unión Europea.
Hace tiempo que la Comisión Europea considera que el sistema de elección del CGPJ que funciona en España está siendo un elemento que interfiere en la gestión de la disputa en la que han caído otros países dirigidos por gobiernos nacionalistas y euroescépticos, especialmente Polonia. Las autoridades de Varsovia se quejan de que ellos tienen un sistema inspirado en el español, lo que resta argumentos a la Comisión para poder denunciar los abusos que cometen desde el Ejecutivo contra la independencia de los jueces, por lo que cuanto antes se reforme en España, mejor.
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