Sánchez y Pradales pactan la entrada de la SEPI en Talgo para facilitar la vía vasca

La operación se materializará mediante un préstamo convertible de 75 millones de euros que más tarde la SEPI puede convertir en acciones. El acuerdo alcanzado llega tras el ultimátum lanzado hace dos semanas por el Ejecutivo de Pradales. «Los acuerdos son para cumplirlos, no podemos estar cambiando las propuestas cada cinco minutos», denunciaron en un comunicado, en el que acusaban a La Moncloa de «obstaculizar» la operación.

Esa obstaculización tenía que ver precisamente con un supuesto cambio en las condiciones de financiación ofrecidas por el Gobierno para que el consorcio vasco que lidera Sidenor y en el que también está presente el fondo público vasco Finkatuz. Los aspirantes a comprar Talgo estaban de acuerdo en recibir un préstamo de 150 millones de la SEPI para refinanciar la deuda del fabricante como le ofreció el Ejecutivo en un primer momento, pero según Vitoria luego este reculó y le ofreció una fórmula bajo la que el holding público aportaría 75 millones y la el resto del dinero tendría que ser aportado por el conglomerado del que también forman parte la Fundación Vital y BBK. El Ejecutivo vasco decía no estar de acuerdo con esta última oferta, pero la semana pasada empezó a deslizar que ya habían reunido ese dinero y que faltaba que la SEPI pusiera la otra mitad.

Con todo, la entrada del consorcio vasco en Talgo se ha convertido en un nuevo capítulo en el culebrón que vive el fabricante desde la irrupción de la opa de la húngara Magyar Wagon en marzo de 2024. Cuando el pasado 14 de febrero el fondo británico Trilantic aceptó la oferta de 152 millones de euros (podría llegar a los 183 millones si se cumplen otras condiciones) del conglomerado que lidera Sidenor por su 29,7% en la compañía parecía que se ponía fin a la incertidumbre generada por el rechazo del Gobierno a la opa magiar en agosto del año pasado. Pero nada más lejos de la realidad, los aspirantes a controlar Talgo se toparon con el rechazo de la banca a refinanciar la deuda del constructor de trenes por la multa de 116 millones de euros que Renfe le impuso por los retrasos en la entrega de los trenes Avril.

Así que, de un tiempo a esta parte, el Ejecutivo de Pradales y La Moncloa, han estado buscando la fórmula para que el conglomerado público-privado vasco no renuncie a la operación, explorando también con Renfe la forma de suavizar la sanción, ya sea con moratorias o fraccionando el pago -en el cajón aguarda otra sanción de 50 millones de euros por el lucro cesante de la no disponibilidad de los convoyes-. Tanto esta parte como la participación de la SEPI son clave para desatascar la entrada del nuevo accionista mayoritario en Talgo, mientras Trilantic empieza a perder la paciencia cuando esperaba tener en mayo finiquitado el traspaso, más de dos años después de que el fondo empezara a buscar comprador.