Los seis ediles de Badalona que abrieron el ayuntamiento un 12-O serán juzgados desde este miércoles

En el juicio, que comenzará mañana con la declaración de los seis exconcejales en el juzgado penal 25 de Barcelona, la Fiscalía pide inicialmente para cada uno de ellos 1 5 meses de inhabilitación especial para cargo público electivo, autonómico o local, y una multa de 4.200 euros, por un delito de desobediencia grave cometido por autoridad.

En pleno auge del proceso independentista en Cataluña, el entonces nuevo equipo de gobierno municipal de Sabater en Badalona, en el que había concejales próximos a los Comuns, ERC y la CUP, apostó por abrir sus puertas el 12-O de 2016, como muestra de su rechazo a la celebración del Día de la Hispanidad .

La entonces alcaldesa Sabater, que no será juzgada porque cuando ocurrieron los hechos estaba de viaje oficial, ofreció a los trabajadores municipales que lo desearan la opción de convertir el 12 de octubre en día laborable, «a cuenta del 9 de diciembre, para poder disfrutar del puente de la Constitución».

Sin embargo, un día antes del 12-O el titular del juzgado contencioso 14 de Barcelona dio la razón a la Delegación del Gobierno en Cataluña, encabezada entonces por Enric Millo (PP), y prohibió al consistorio abrir sus locales al público y trabajadores, ante el «perjuicio irreparable» que supondría para el interés general o colectivo en la celebración del Día de la Hispanidad.

Pese a ello, según la Fiscalía, los seis concejales que mañana se sentarán en el banquillo, con un «evidente desprecio» hacia la administración de justicia y con «afán de privar de eficacia» la orden judicial que les impedía abrir el consistorio, accedieron ese día en el Ayuntamiento acompañados por ciudadanos «a los que atendieron personalmente, rellenando de su puño y letra, en algunos casos, instancias genéricas», que se registraron al día siguiente.

Se trata en concreto de los entonces concejales Oriol Lladó (ERC) -que ese día ejercía como alcalde en funciones-, José Téllez (CUP) -que ya fue absuelto en otro juicio por arrebatar propaganda del 1-O que había incautado la policía local, para devolverla a grupos de independentistas- Agnès Rotger (ERC) y Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb y Francesc Duran, de Guanyem Badalona.

Antes de abrir el ayuntamiento el 12-O de 2016, Téllez rompió ante los periodistas una copia del auto del juez que les impedía facilitar el acceso a los ciudadanos al edificio consistorial.

En fase de instrucción, los concejales alegaron que actuaron legítimamente para defender la soberanía local y acusaron al PP de instrumentalizar la justicia.

Tras meses de investigación, el juez acordó en enero de 2017 archivar la causa contra ellos, al concluir que se limitaron a cometer una «escenificación», que no constituye delito porque «el derecho penal no castiga las performances».

Según el juez, si los seis concejales investigados hubiesen abierto las puertas del consistorio a la ciudadanía y a los empleados públicos y todos ellos hubieran entrado al Ayuntamiento de Badalona el 12-O, lo que no ocurrió, ello sí habría sido una «verdadera desobediencia».

Por el contrario, el juez precisó que los hechos se limitaron a «una mera «perfomance» y resaltó que los concejales hicieron creer «muy hábilmente» que desobedecían, pese a que sabían que no lo estaban haciendo.

No obstante, pocos meses después, en mayo de 2017, la Audiencia de Barcelona estimó el recurso de la Fiscalía y ordenó reabrir la causa, al sostener que los concejales «desatendieron» un mandato judicial que les obligaba a abstenerse de abrir las dependencias municipales a los ciudadanos y empleados.