Satisfacción en el constitucionalismo catalán por la interlocutoria sobre el 25% y malestar en el secesionismo

La líder de Cs a nivel nacional, Inés Arrimadas, que ganó las elecciones autonómicas en 2017 tras la aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución, ha calificado de «fantástica noticia» la decisión del TSJC. «Pese a los palos en las ruedas de Sánchez, la Justicia vuelve a dar la razón a las familias catalanas que quieren una educación también en español», ha indicado en su cuenta de Twitter. Para la dirigente de la formación liberal, esta decisión implica el «fin de la escapada para el separatismo: o aplican la ley o el Estado de Derecho seguirá actuando».

Por su parte, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha recordado al Govern que «las sentencias se cumplen». «Las sentencias se cumplen. Luego vendrán los lamentos...», ha escrito en la misma red social de internet, al poco de conocer la decisión del tribunal autonómico, que ha constatado que la Consejería no ha acatado la sentencia de 2020, que ratificó el Tribunal Supremo.

Con un enfoque diferente, la portavoz del PSC para los temas de educación, Esther Niubó, también se ha pronunciado sobre este asunto. Niubó ha puesto el acento en la tramitación de la reforma de la Ley de Política Lingüística del Parlamento de Cataluña, propuesta firmada por PSC, ERC, Junts y los comunes, pero cuya tramitación está paralizada porque Junts decidió, al final, no apoyar la iniciativa. Junts «decidió anteponer sus intereses y este es el resultado de no hacer política», ha indicado Niubó. «El acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística permitía cumplirla con más flexibilidad y aplicando criterios pedagógicos», ha añadido.

Al margen de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidad que presentó ante el TSJC la petición de ejecución forzosa de la sentencia de 2020, y de la reacción del consejero del ramo, Josep Gonzàlez-Cambray, que ha valorado la interlocutoria como «aberrante» y anunciado que «el año que viene habrá más catalán en las aulas», dando a entender así que tampoco cumplirá esta segunda orden del TSJC, los grupos independentistas también han reaccionado rápidamente a la decisión del tribunal autonómico.

Mònica Sales, portavoz de Junts, ha lamentado que las «garras de la Justicia sigan atacando» el sistema educativo catalán. «La vehicularidad del catalán es incuestionable, como lo es la protección de los equipos directivos y de los docentes del país. ¡El acoso lingüístico que sufrimos nos necesita!», ha dejado por escrito en su cuenta de Twitter.

Desde la CUP, Carles Riera ha exigido al Govern que no cumpla este nuevo aviso del TSJC: «Es la hora de la desobediencia». Y ha añadido, en la misma red social: «Contra la segregación escolar, por la cohesión social, por el derecho a la lengua #PúblicaEnCatalán».

El Consell per la República, la asociación que gestiona Carles Puigdemont desde Bélgica, por su parte, ha pedido asegurar «la defensa política y jurídica» del catalán como única lengua vehicular en el sistema educativo. En un comunicado, han apuntado que la orden del TSJC constituye, en su opinión, «una gravísima injerencia del Estado y sus tribunales» en una competencia que es de la Generalitat.

Igualmente, desde los comunes, que están a favor de que el catalán sea la única lengua de uso vehicular en las aulas de Cataluña, han reclamado, como el PSC, que se active el acuerdo para reformar la Ley de Política Lingüística y «proteger las escuelas de las injerencias judiciales», en palabras de Jéssica Albiach , líder de los comunes catalanes. «Se ha acabado el tiempo de las excusas y los partidismos», ha añadido.