Las claves de una reforma lingüística en Cataluña que cambia poco

De entrada, los grupos independentistas que forman el Govern, ERC y Junts, de la mano de los socialistas y la marca catalana de Podemos acordaron, este jueves, mediante una proposición de modificación de la Ley de Política Lingüística, establecer el español como lengua vehicular y de aprendizaje, un derecho ya reconocido por los tribunales pero que desde la Generalitat se niega constantemente, y se centrarán, en segundo lugar, en conseguir una aplicación a su favor en el porcentaje de uso del español como lengua vehicular: que sea el menor posible.

La propuesta de cambio legislativo más significativo que proponen los cuatro grupos es el que hace referencia al artículo 21.1 de la Ley de Política Lingüística sobre ‘la enseñanza no universitaria’ y que ahora señala que ‘el catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza no universitaria’. Si se aprueba la proposición de ley, que se tramitará en el Parlamento autonómico por el procedimiento de lectura única y por urgencia extraordinaria, el artículo citado tendría el siguiente redactado: ‘El catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo. También se emplea el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro, de acuerdo con los criterios que se establecen en el apartado 3’.

En este sentido, el apartado 3 del artículo 21 también sufriría modificaciones. Actualmente, este punto señala que ‘la enseñanza del catalán y del castellano debe tener garantizada una presencia adecuada en los planes de estudio, de forma que todos los niños, cualquiera que sea su lengua habitual al iniciar la enseñanza, han de poder utilizar normal y correctamente las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria’. Con la reforma pasaría a tener el siguiente redactado, para adecuarlo, no solo al conocimiento del español sino también para el uso del mismo como asignatura no lingüística: ‘Para alcanzar el dominio oral y escrito del catalán y el castellano al final de la enseñanza obligatoria, la enseñanza de las lenguas oficiales y en las lenguas oficiales ha de tener garantizada una presencia adecuada en los currículums y en los proyectos educativos de centro’.

Y se añadiría un segundo párrafo en el punto 3: ‘La determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza ha de tener en cuenta la situación sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas. Para determinar el alcance de esta presencia se incluirá, desde un abordaje global e integrador los recursos de aprendizaje, incluidos los de carácter digital y los usos lingüísticos del alumnado en el aula y en el conjunto del centro educativo’.

Es este segundo apartado del artículo 21.3 de la norma al que, presumiblemente, se agarre la Consejería de Educación para tratar de diluir la presencia del español en las aulas de los colegios de la región. Es el punto clave de la propuesta de reforma para los grupos nacionalistas, pues con este redactado pretenden que la situación sociolingüística del contexto de las escuelas y ‘los usos lingüísticos’ en el conjunto del centro educativo, es decir, por ejemplo, dándole valor a la lengua que utilizan los niños en los espacios de libertad, como los recreos o el tiempo del comedor –en los que conviven catalán y español–, justifique tener que aplicar el menor número de horas de asignaturas no lingüísticas en español. En cualquier caso, la gradualidad sigue estando en manos de los equipos directivos de los colegios e institutos, que proponen los proyectos lingüísticos que son aprobados por los consejos escolares.

La propuesta de modificación de la Ley de Política Lingüística también incluye retocar el artículo 21.6 (sobre la necesidad de acreditar ambas lenguas oficiales para la obtención del título de graduado en la ESO) y suprimir el 21.8 (que señala que ‘el alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo de Cataluña debe recibir un apoyo especial y adicional de enseñanza del catalán’). Igualmente propone adecuar la Ley del Aranés.

Esta iniciativa legislativa del PSC, ERC, Junts y los comunes se presentó este jueves sin un anuncio previo en los últimos días y en un contexto en el que la Consejería del ramo, dirigida por Josep Gonzàlez-Cambray (ERC), ha tenido que lidiar con varios días de huelgas de los profesores por motivos laborales y, la jornada del miércoles –con un seguimiento residual: el 6,49% de los profesores en las escuelas públicas y el 4,21% en los centros concertados–, en protesta por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a la Generalitat a adecuar todo el sistema escolar para que se imparta al menos un 25% de la asignaturas no lingüísticas en las dos lenguas oficiales.

En este sentido, el cambio normativo, en caso de aprobarse –la idea de los promotores es que se haga en el próximo pleno parlamentario del mes de abril y que antes de junio se desarrolle con un decreto–, no afectará a la aplicación de la sentencia del TSJC del 25%, cuyo plazo finaliza este viernes. El tribunal autonómico, con el aval del Tribunal Supremo, no ha establecido la necesidad de cambiar las leyes para que la Generalitat aplique la conjunción lingüística en las aulas. Y ha recordado, citando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que el español es lengua vehicular en tanto que lengua oficial, como así lo es el catalán, y no porque figure explícitamente, o no, en una norma autonómica. Por lo tanto, a corto plazo, el consejero Gonzàlez-Cambray, que asumió la responsabilidad de aplicar la sentencia del TSJC, ante el propio tribunal, tendrá que dar respuesta a la obligación de la Justicia a partir de la semana que viene.

La jugada de los nacionalistas, el PSC y los comunes fue interpretada de manera divergente por el resto de los grupos políticos. La CUP, por ejemplo, que solo unas horas presentó una propuesta de modificación de la Ley de Educación de Cataluña para incluir que el catalán sea la ‘única’ lengua vehicular acusó a ERC y Junts de «claudicar». Y desde Cs se señaló al PSC, apuntando que con esta iniciativa se quería «esquivar» la sentencia del 25%.