Los jueces mantienen por ahora la 'semilibertad' de los presos del 'procés'

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña, presidido por el juez sustituto Mariano David García Esteban, se ha pronunciado en el mismo sentido que lo hizo el martes el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1: rechazó la pretensión de la Fiscalía de suspender los terceros grados mientras los magistrados resuelven sobre el fondo del asunto. Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Carme Forcadell y Dolors Bassa seguirán, de momento, con un pie en la calle.

La decisión judicial supone un cambio de criterio respecto a su pronunciamiento el pasado verano, en el primer intento de la Generalitat de concederles el tercer grado. En aquel momento, la Fiscalía hizo la misma maniobra: recurrir esas semilibertades y, al mismo tiempo, pedir la suspensión del tercer grado mientras se resolvía su solicitud. En esa ocasión su demanda fue atendida.

Pero la respuesta de los juzgados de vigilancia penitenciaria esta vez ha sido diferente: entonces suspendieron provisionalmente el tercer grado de los siete presos de Lledoners , pero no los de Forcadell y Bassa, que siguieron disfrutándolo hasta que, el pasado mes de diciembre, el Tribunal Supremo los tumbó definitivamente para los nueve líderes presos.

Apenas dos meses después de que el Supremo corrigiese esas semilibertades, la Generalitat volvió a concedérselas a principios de año, después de haberlo propuesto así las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios en los que cumplen condena: Lledoners, Wad-Ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Gerona). De esa forma, los presos de Lledoners pudieron salir de la cárcel el jueves 28 de enero , el mismo día en que por la noche comenzaba la campaña electoral de los comicios del 14 de febrero, en cuyo desarrollo los presos se pudieron integrar con plena normalidad.

De hecho, la Generalitat hizo un muy particular uso de los tiempos. Primero, aceptando el tercer grado propuesto por las cárceles el mismo día de inicio de la campaña electoral, y luego retrasando el envío de los informes en los que la Generalitat se apoyó para avalat esta medida, con lo que se dilató la presentación del recurso por parte de la Fiscalía. El Ministerio Público no presentó los recursos hasta el pasado 15 de febrero , un día después de las elecciones.

La Fiscalía, que desde que trascendió que la Generalitat aceptaba la concesión del tercer grado no ocultó su intención de recurrir, no pudo actuar hasta que recibió la citada documentación. Recurrió ante el juez de Vigilancia Penitenciaria, que hoy ha rechazado suspender el tercer grado de forma cautelar y que ahora deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto. En caso de que los jueces de vigilancia penitenciaria avalen los terceros grados –como hicieron el pasado verano– , todo apunta a que la Fiscalía acudiría otra vez al Supremo , en su condición de tribunal sentenciador. El Ministerio Público intentaría previsiblemente, además, que el tercer grado quedase suspendido mientras espera la resolución del Alto Tribunal. Fue lo que sucedió en la anterior ocasión con los siete de Lledoners, pero no con Forcadell y Bassa, que quedaron semilibres hasta diciembre.

En las seis resoluciones hechas públicas este miércoles, el juez utiliza los mismos argumentos para no suspender los terceros grados. El magistrado Mariano David García se ha decantado por hacer una interpretación restrictiva de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, para el Ministerio Público, en cambio, obligaría a la suspensión automática de esas semilibertades. El posicionamiento del juez sustituto discrepa con la postura de la juez titular, que, el pasado verano, sí suspendió los terceros grados. «No se puede dejar de desconocer que la interpretación que de la norma procesal se efectúe produce afectación directa a derechos fundamentales, por lo que lo procedente es realizar una interpretación más ponderada », concluye en los seis autos. Recuerda, además, que la ley prevé suspender una resolución impugnada solo si puede causar perjuicios de difícil reparación.