La Generalitat asegura que la querella contra Borràs por la compra de urnas no tiene «base jurídica»

La notificación de la querella ha llegado durante la reunión semanal del Consell Executiu, tras la cual Munté ha subrayado, en rueda de prensa, que es una acción judicial de «cariz preventivo y sin ningún fundamento jurídico» , un planteamiento que cree que se justifica por el tiempo que ha transcurrido entre el anuncio y la admisión a trámite de la querella.

El pasado 16 de mayo, la Fiscalía General del Estado ordenó presentar una querella contra Borràs y Esteve que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite hoy, por licitar la compra de urnas para el referéndum independentista, al considerar que existen «indicios suficientes» de la concurrencia de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

En paralelo a la rueda de prensa de Munté, Puigdemont ha publicado un mensaje en Twitter: «La presión judicial no frenará nunca el deseo de democracia de los catalanes. El 1 de octubre habrá urnas. Todo el apoyo a Meritxell Borràs y Francesc Esteve».

El ejecutivo catalán se ha reafirmado hoy en que el proceso para homologar empresas con el fin de que puedan proveer urnas en caso de necesidad entra en el marco de la «legalidad» y de las «competencias estatutarias». Por ello, Munté ha señalado que seguirá el proceso, que está ya en la última fase y cuenta con dos aspirantes: Plastic Express SA y la UTE formada por Espai World SL y Suministros Integrales Futbida SL.

La portavoz del Govern ha criticado «un intento de amenazar no solo a ciudadanos sino también a empresas», que deberían poder «hacer su trabajo con tranquilidad». Ha denunciado así que «la única respuesta» que ofrece el Gobierno del Estado ante el proceso soberanista es «la judicialización, la amenaza y la querella».

Y ha reiterado que el Govern «siempre» ha manifestado voluntad de dialogar, pero, a su juicio, «no ha habido ningún tipo de voluntad de negociar» por parte del Ejecutivo central.