Puigdemont nombra como director del Gabinete Jurídico de la Generalitat a un investigado por la Fiscalía

En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo autonómico, la portavoz, Neus Munté, ha asegurado que Esteve aporta las máximas garantías desde la perspectiva jurídica y ha destacado su «compromiso político» con el proceso secesionista que impulsa la Generalitat.

Munté ha destacado la «pulcritud» del trabajo de Esteve como secretario general de la Consejería, y ha insistido en que la querella no tiene fundamento porque la licitación de urnas es perfectamente legal.

La vacante de Esteve en la Secretaría General de Gobernación la ocupará Meritxell Masó i Carbó, hasta este martes secretaria de Administración y Función Pública del mismo departamento, y que también ha trabajado en el proceso de la compra de urnas pero que no figura entre los querellados.

Y Esteve cubrirá la vacante que deja Margarida Gil i Domènech, a quien el gobierno autonómico ha situado como nuevo miembro del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), el órgano consultivo de la Generalitat que se pronuncia sobre la constitucionalidad y estatutariedad de las leyes.

La Generalitat tiene la potestad de nombrar a Gil, licenciada en Derecho, porque le corresponde designar a una parte de los miembros del Consejo, pero hay otros juristas del mismo órgano con el mandato caducado, pese a lo cual no han sido relevados por la falta de consenso entre los grupos del Parlamento autonómico.

El CGE podría convertirse en un órgano clave en los próximos meses, ya que con toda probabilidad deberá pronunciarse sobre las llamadas «leyes de desconexión» que preparan los partidos secesionistas en el Parlamento de Cataluña, y sus dictámenes no son vinculantes .

El gobierno autonómico también ha decidido este martes nombrar miembro de la Comisión Jurídica de la Generalitat a Maria Mercè Darnaculleta i Gardella, profesora de derecho administrativo de la Universidad de Gerona (UdG) y que ha sido decana de su Facultad de Derecho.