Las discrepancias entre JpC y ERC bloquean el Parlament y libran a Torra de cualquier control

La Cámara catalana está cerrada y no volverá a su actividad central, con la celebración de plenos, hasta la sesión del 1, 2 y 3 de octubre . Hasta la fecha, en 2018 se han celebrado solo trece sesiones plenarias. El gobierno catalán se ha sometido a control oral tan son con 21 preguntas -incluyendo las de los grupos de Junts per Catalunya (JpC), ERC y la CUP , que son los grupos que permitieron la investidura de Torra-, 22 interpelaciones -también incluyendo las de los grupos que dan apoyo al ejecutivo- y Torra solo ha tenido que responder a 12 preguntas, seis si se tiene en cuenta que la mitad son de JpC, ERC y la CUP.

La situación excepcional del Parlamento de Cataluña se debe, principalmente, a las discrepancias entre JpC y ERC a la hora de aplicar la orden del Tribunal Supremo , que mantiene la suspensión de los diputados autonómicos acusados de rebelión y en prisión preventiva (Oriol Junqueras y Raül Romeva, de ERC; y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de JpC), y Carles Puigdemont, también acusado de rebelión pero fugado de la Justicia.

Esta situación ha sido denunciada con vehemencia por los dirigentes de las fuerzas constitucionalistas. Así las cosas, ayer el diputados de Ciudadanos en el Parlamen José María Espejo-Saavedra advirtió que el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent (ERC), mantiene «amordazados y silenciados a los diputados de la oposición». Asimismo, advirtió de la «gravedad absoluta» que supone que solo se hayan realizado dos sesiones de control al Govern en el último año y que haya dos plenos pedidos por la formación naranja suspendidos. A su vez, Eva Grandados (PSC) advirtió que el parlamento autonómico se encuentra «fallido y paralizado» por las disquisiciones del independentismo acerca de sus diputados suspendidos.

No en vano, para ERC, la suspensión de las funciones de los afectados se debe tramitar en conjunto, es decir, suspenderlos de sus funciones, sin sueldo y sin poder votar en los plenos y las comisiones , pero aceptando que otro diputado asuma su voto, para no variar las mayorías parlamentarias.

Al margen de la dudas legales de esta propuesta de ERC, criticada por Cs y el PP, desde JpC se apuesta por aceptar esta medida con todos los afectados menos con Puigdemont, que, desde su punto de vista, no está en la misma situación jurídica que el resto, pese a que el Supremo deja claro que la medida de suspensión afecta a todos los diputados autonómicos por igual. Estas diferencias, que este martes, por ejemplo, airearon desde la oposición, incluyendo el PSC, partido que valoró como «un escándalo» que el Parlamento autonómico esté totalmente inactivo desde el 17 de julio, se hacen evidentes en la Mesa de la Cámara catalana.

Es en la Mesa donde JpC y ERC ponen de manifiesto sus discrepancias y este caso concreto, verbigracia, tensó tanto las relaciones entre ambos que se cruzaron, desde el atril de la sala de prensa del Parlamento catalán, acusaciones de mentir. Todo quedó en suspenso hasta la vuelta del verano.