Municipios que rechazan la Constitución han cobrado 50,7 millones en ayudas del Plan E
36 localidades en favor de la independencia han sido favorecidas con subvenciones estatales
MARÍA JESÚS CAÑIZARES
Desde que el Tribunal Constitucional rebajó el contenido del Estatut se ha producido un goteo de municipios catalanes autodeclarados «moralmente fuera de la Constitución española». Hasta el momento son 36 las localidades que se han sumado a una campaña, impulsada por la Comisión del centenario ... de la «senyera estelada» —bandera independentista—, consistente en promover mociones municipales para instar a esa abdicación constitucional. Se trata de Port de la Selva, Vilamaniscle, Pardines, Castelló d'Empúries, Sant Gregori, Llambilles, Amer, Ripoll, Viladrau y Anglès (Gerona), Vilafranca, Avinyó, Calders, Santpedor, Sallent, Manlleu, Molins de Rei, Argentona, Arenys de Munt, Vacarisses, Castells del Vallès, Sant Pere de Torelló, Vic, Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Capellades, Begues, El Brull, La Garriga, Lliçà de Munt y Tagamanent (Barcelona), Pla de Santa Maria (Tarragona) y Tarrés, Solsona, Mollerussa y Albí (Lérida). Estas poblaciones, que se definen «moralmente excluidas del ámbito de la Constitución española», a modo de «gesto consciente de afirmación nacional y democrática en respuesta a una sentencia humillante», proclaman asimismo que «Cataluña es una nación con plena voluntad de decidir por ella misma y con total libertad para hacer uso de su derecho a la autodeterminación».
Plan estrella de Zapatero
Se da la circunstancia de que estos municipios favorables a la ruptura con España se han nutrido de importantes ayudas del Estado a través del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, conocido como el PlanE, uno de los proyectos estrella del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que incluye la cofinanciación de proyectos municipales. La inyección monetaria recibida por esta cuarentena de localidades catalanas asciende a un total de 50,7 millones de euros.
Dos de los municipios más favorecidos son Vilafranca del Penedès y Molins de Rei, ambos situados en la provincia de Barcelona a los que el Gobierno español otorgó 6.487.682 euros (para financiar diez proyectos) y 4.167.012 euros (14 proyectos), respectivamente. Otras dos localidades contrarias a la dependencia española, pero que han tenido reparos a la hora de aceptar dinero estatal son Vic, con 6.782.367; Castellar del Vallès, con 3.894.981 euros; La Garriga, con 2.510.225 euros, y Lliçà de Munt, con 2.387.749 euros.
Algunos de estos municipios se han visto, asimismo, favorecidos por la Ley de Barrios del Gobierno catalán, como es el caso de Argentona (838.767 euros para rehabilitar el barrio de Sant Miquel de Cros)) y Vilafranca del Penedès (5.437.593 destinados al barrio de l'Espirall). También han recibido dinero de la administración autonómica Vic, Solsona o Manlleu. Todos los consistorios que han adoptado esta decisión de autoexcluirse de la Carta Magna lo han hecho a través de mociones aprobadas en el pleno, y han impulsado esta iniciativa partidos como CiU, ERC e ICV-EUiA, así como otras formaciones políticas de ámbito local.
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