La Fiscalía pide más de 8 años de cárcel para Shakira por fraude fiscal

En su escrito de acusación, consultado por ABC, el fiscal sostiene que la de Barranquilla vivía de manera habitual en España, a excepción de sus salidas para cumplir con sus compromisos profesionales y por ello tenía la obligación de tributar aquí pero, a pesar de ello, utilizó un entramado societario -creado años atrás-, para ocultar al fisco la renta percibida y su patrimonio durante tres ejercicios.

Según el Ministerio público, que estima el fraude en 14,5 millones de euros, Shakira se habría valido de varias sociedades, algunas radicadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Malta o Luxemburgo, para llevar a cabo la evasión fiscal.

Así, la Fiscalía indica que «todas estas sociedades carecieron de medios materiales y personales para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron los puramente administrativos, relativos a la propia gestión» de las mismas. Su único objetivo, apunta el escrito, era «ocultar a la Hacienda Pública las rentas y el patrimonio» de la artista.

El fiscal sostiene que entre 2012 y 2014 Shakira residía en España de manera habitual. Primero en una vivienda de Barcelona, y después en Esplugues de Llobregat, en un inmueble que adquirió junto a su entonces pareja, Gerard Piqué, a través de la sociedad Inversiones BSL y que pasó a constituir «su domicilio familiar».

«La acusada permaneció de manera efectiva en España 242 días en 2012, otros 212 días en 2013 y 243 días en 2014 y se ausentó de este país para atender sus compromisos profesionales y de ocio: 124 días en 2012, 153 días en 2013 y 122 días en 2014», subraya el escrito para demostrar que la cantante era residente habitual en el territorio -al superar los 183 días por año-.

Según la acusación, la única relación que la artista tuvo con los paraísos fiscales fue el domicilio de las sociedades a través de las que canalizó los ingresos de su actividad profesional. Sostiene así la Fiscalía que Shakira, con la colaboración y asesoramiento de determinados profesionales, «realizó acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados 'Tax Ruling', para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación».

«Estos acuerdos produjeron una mínima tributación fiscal que pudo alcanzar tan solo al 2 por ciento de la renta bruta generada y permitir que el 94 por ciento de las rentas pudieran ser transferidas a sociedades y/o cuentas situadas en paraísos fiscales. Aun así, la acusada tampoco incluyó en estos acuerdos, todas las sociedades de que disponía y controlaba directa o indirectamente, ni todas las rentas», apunta el Ministerio público.

Los dos últimos acuerdos los habría suscrito cuando ya vivía de manera habitual en España y, por tanto, era residente fiscal en el país, a pesar de que «en ningún momento puso en conocimiento de las autoridades tributarias dichos acuerdos».

Por todo ello, el Ministerio público solicita una condena de ocho años y dos meses de prisión para la cantante, así como una multa de casi 24 millones de euros.