Cataluña tendrá un nuevo impuesto sobre bienes de lujo

La nueva normativa ha sido aprobada con la mayoría de votos favorables de JpSí, la CUP y Cataluña Sí Que Es Pot (CSQEP) , con 82 votos en total, mientras que Ciudadanos (C's) y PP han votado en contra, 34 votos, y el PSC se ha abstenido (15 votos).

La base imponible se calcula sumando el valor de todos los activos no productivos y, aunque inicialmente se preveía un mínimo exento de 500.000 euros o de 100.000 si no había ningún inmueble, estos mínimos han sido suprimidos en el redactado final, según informa Efe.

El tipo impositivo es progresivo, ya que va del 0,21 al 2,75 por ciento, y aunque este año el importe del impuesto computará a partir del 30 de junio, en los siguientes ejercicios fiscales será aplicado desde el 1 de enero.

La ley ha llegado el pleno para su aprobación definitiva con una veintena de enmiendas reservadas de los grupos del PSC, CSQEP y de Ciudadanos, después de haber superado la enmienda a totalidad que había presentado el PP.

En defensa del nuevo impuesto, Carmina Castellví, de JpSí ha explicado que "se ha eliminado el mínimo exento porque no tenía sentido" y ha reprochado a grupos que se consideran "progresistas" que no voten favorablemente la ley.

Desde la CUP, Benet Salellas ha negado "con cifras en la mano" que en Guipúzcoa se produjese una deslocalización de empresas cuando fue aprobado este mismo impuesto, y ha precisado que la ley "pone la mirada en empresas que comercian con bienes de lujo y que están eludiendo la fiscalidad".

Según el diputado de Ciutadans Antonio Espinosa , aunque se haya dicho que la ley tiene una finalidad redistributiva, "esto es una falacia, porque ya se admite que la recaudación será muy pequeña y porque que es a través de otros impuestos que se puede gravar más los bienes de lujo".

Desde el PSC, el diputado Oscar Ordeig ha reprochado "el procedimiento utilizado para tramitar la ley, hecho desde una gran soberbia , sin debate con el resto de grupos y con una única sesión de la ponencia en comisión", y ha considerado que "si lo que se quiere es perseguir el fraude o la elusión fiscal hay otros instrumentos más adecuados".

Por parte de CSQEP, Joan Coscubiela ha considerado que se trata de una iniciativa que "actúa como una ley placebo puesto que tiene como finalidad hacer creer que se desea una redistribución de la riqueza tapando una decisión previa, que es la renuncia a hacer pagar más a los que más tienen a través del IRPF y de otros tributos", si bien este grupo ha acabado apoyando la nueva ley.

En representación del PPC, Santi Rodríguez ha señalado que "en el mejor de los casos será una ley improductiva ya que apenas tendrá efectos recaudatorios", y ha advertido "del peligro de que haya una doble imposición, si tenemos en cuenta que también disponemos del impuesto del patrimonio".