El Tribunal de Cuentas abre la fase de enjuiciamiento para los investigados por los gastos del 1-O

En su providencia, Mariscal de Gante señala que visto el contenido del acta de liquidación provisional de 28 de enero de 2020 y el acta de liquidación complementaria de 29 de junio de 2021 debe procederse ahora a publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario oficial de la Generalitat de Cataluña «los hechos supuestamente motivadores de responsabilidad contable». Acuerda así unir las actuaciones seguidas por los gastos del reférendum y los derivados de la acción exterior.

Además, emplaza a todos los personados en ambas diligencias, entre los que se encuentran los ex presidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont , y el que fuera vicepresidente Oriol Junqueras, a que «comparezcan en autos, personándose en forma dentro del plazo común de los nueve días» siguientes a recibir esta notificación.

Dicha providencia puede ser la última que firme esta consejera, que fue ministra de Justicia en el gobierno de José María Aznar , dado que el órgano fiscalizador está en vías de renovación después del acuerdo alcanzado por PP y PSOE.

El Tribunal de Cuentas fijó inicialmente en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable que reclama a Puigdemont, Mas, y a los indultados Junqueras, Raül Romeva y otros 37 ex cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat .

El órgano fiscalizar reclama a cada uno de ellos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, si bien todos debían responder al total de forma solidaria.

El Tribunal de Cuentas fijó en 4,1 millones de euros los gastos y pagos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. De estos, 3,9 corresponden al principal del alcance y el importe restante, a los intereses provisionalmente calculados desde los hechos.

Lo que si conllevaba este acta, como la de 2021, es que los presuntos responsables tenían que afianzar o depositar las cantidades que se determinaron en la instrucción, en este 4.146.274,97 euros, y esta ese la cantidad que fue afianzada en febrero.